LA HABANA (AP) — El asesinato de una joven a manos de su expareja mientras la mujer se encontraba pidiendo protección en una estación de policía sacudió a la sociedad cubana y a las redes el fin de semana, al tiempo que activó las campañas de grupos demandando atención específica.
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El propio Ministerio del Interior (Minit) salió al cruce de los rumores y confirmó los hechos mediante una breve nota publicada el domingo por la noche en el portal Cubadebate, algo inusual en un país adonde los medios de prensa oficiales no reportan sobre notas rojas y los uniformados pocas veces realizan comentarios sobre hechos de violencia.
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Más aún, la mujer tenía 17 años y el hombre 50, lo que significa una relación no admitida por las leyes por tratarse de una menor de edad.
Según indicó el comunicado del Minit, el hecho se produjo en la madrugada del 4 de febrero en la comunicad de Camalote, en la central provincia de Camagüey, cuando el perpetrador ultimó “con el empleo de armas blancas” a la muchacha, quien pedía “resguardo en la subestación de la Policía Nacional Revolucionaria de la comunidad”.
“Como resultado de la respuesta de las fuerzas del orden interior, el autor del suceso resultó lesionado en la región lumbar. Fuerzas del sistema de Investigación Criminal de la provincia continúan la investigación ”, agregó el parte policial.
El lunes una docena de agrupaciones feministas, las cuales no tienen estatus legal --pues la legislación sólo reconoce a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), una entidad que trabaja de manera cercana al gobierno--, firmaron un “llamado” de Estado de Emergencia a las autoridades o aprobar “un mecanismo que consiste en establecer medidas para prevenir y erradicar conductas que promuevan la violencia de género, junto a protocolos de protección para sobrevivientes”.
“En una semana, se han registrado dos desapariciones de mujeres que devinieron en feminicidios, y un feminicidio en una estación de Policía, donde la víctima, de 17 años de edad, había logrado entrar pidiendo ayuda mientras huía de su agresor y expareja”, expresó el documento.
El texto colocado en redes sociales indicó, además, que en las pocas semanas de lo que va del 2023 se sumaron dos ausencias no voluntarias de menores que fueron halladas con vida y otros tres asesinatos de mujeres, uno de ellos por parte de un policía con su arma reglamentaria.
“Agregamos que tenemos cuatro alertas de feminicidios sin confirmar en Matanzas, Florida (Camagüey), Alamar y San Agustín (La Habana), lo que se hace difícil por la falta de transparencia al respecto y la ausencia de cifras oficiales”, señalaron.
Los comentarios tanto en las páginas del gobierno que difundieron la nota del Minit como en las que replicaron las versiones de las activistas dan cuenta de la preocupación de los usuarios o la subestimación de los uniformados cuando éstas hacen denuncias.
El año pasado en la Asamblea del Poder Popular, el Parlamento, la directora del Centro de Educación Sexual y diputada Mariela Castro –hija del exmandatario Raúl y sobrina de su hermano Fidel—demandó que se incluyera en el Código Penal la figura específica del feminicidio, pero no lo logró y por el contrario la directora de la FMC, Teresa Amarelle Boue, dijo que se sentía satisfecha con que sólo fuera considerado un agravante.
En septiembre entró en vigor el nuevo Código de las Familias y en diciembre el Código Penal, ambas normativas sí endurecen radicalmente las sanciones o consecuencias por acciones de violencias de género, pero las activistas demandan una ley integral.
La plataforma YoSiTeCreo, una de las firmantes del documento contabilizó 32 femenicidios en 2020, 36 en el 2021 y 34 el año pasado, considerados subregistros.
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Andrea Rodríguez está en Twitter: www.twitter.com/ARodriguezAP
