MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
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De acuerdo con la CorteIDH, el rápido ascenso del partido entre el electorado, en especial en zonas con tradicional presencia guerrillera, gestó "una alianza" entre los paramilitares y amplios poderes económicos y de la política tradicional para "contrarrestar" el empuje de las siglas en el nuevo escenario político.
Dicho crímenes contaron con "la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades" y a la vez "las investigaciones sobre esos hechos de violencia no fueron efectivas y se caracterizaron por altos índices de impunidad", señala la sentencia, de la que se hacen eco medios colombianos.
La CorteIDH ha señalado que si bien el fallo es una forma simbólica de reparación, también ha ordenado al Estado tomar ciertas medidas para terminar de resarcir a los afectados, entre otras, una investigación efectiva para establecer la verdad sobre lo ocurrido, recuperar los restos de las víctimas, así como un reconocimiento explícito de la responsabilidad de las autoridades.
La sentencia también reprocha a las autoridades de entonces no solo no haber protegido a los simpatizantes y militantes de UP, sino de "contribuir" y "participar" de los ataques dañando así la reputación y la honra de las víctimas e instaurando sobre ellas un ambiente de vulnerabilidad total.
Antes de conocerse el fallo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha acudido a su perfil de Twitter para adelantar el contenido de la sentencia y enfatiza que aquel "Estado asesino" no deber volver nunca más.
"La Justicia internacional se creo cuando los Estados no son capaces de juzgar los peores delitos: los crímenes contra la humanidad. Este Gobierno apoyará la Justicia nacional e internacional contra la impunidad", ha escrito Petro.
El mandatario ha expuesto que su proyecto de paz no atañe solo a los grupos armados, sino también a "esa sociedad de los privilegios" a la que hace mención el fallo, y a las que pide que permitan las reformas necesarias para andar "un camino de mayor justicia social". "Esa es la paz. Aún la mano está tendida. Pero no piensen que este Gobierno se arrodilla", ha dicho el presidente colombiano.
La UP se constituyó como organización política en mayo de 1985 como resultado de un proceso de paz entre el Gobierno del entonces presidente, Belisario Betancur, y la ya disuelta guerrilla de las FARC. Los crímenes que se cometieron posteriormente contra el partido, considerados de lesa humanidad por la Fiscalía, tienen su propio proceso judicial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el caso 06.
La JEP cifra es de 5.733 miembros del partido asesinados, entre ellos varios congresistas en ejercicio y hasta dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal en 1986 y Bernardo Jaramillo Ossa, en 1990, así como centenares de cargos locales.
