BENI, República Democrática del Congo (AP) — Kavira Mathe estaba preparando la cena para sus dos hijos cuando comenzaron a silbar las balas. Insurgentes del Movimiento 23 de Marzo del este de la República Democrática del Congo estaban atacando su poblado, matando a gran cantidad de civiles. Ella y otros echaron a correr para salvarse.
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“Perdí a varios amigos”, dijo Mathe, hablando por teléfono con The Associated Press desde la localidad de Kanyabayonga, donde está refugiada. En su caminata de 50 kilómetros (unas 30 millas) hasta un sitio seguro, vio en los caminos cadáveres esparcidos que aparentemente habían sido maniatados y baleados, agregó.
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“Fue realmente horrible de ver”, manifestó Mathe. “Estamos cansados de esta guerra”.
Las comunidades del este del Congo están pasando apuros para sobrevivir tras esa masacre y otras en las que al menos 130 personas fueron asesinadas por rebeldes del M23 en lo que la ONU llamó “violencia abominable” contra civiles.
Casi 26.000 personas han sido desplazadas desde los ataques a fines de noviembre, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, lo que se suma a cientos de miles que se han visto obligadas a dejar sus hogares desde que comenzaron los combates entre el M23 y una coalición de milicianos de protección civil hace más de un año.
The Associated Press habló con cuatro personas que huyeron de los ataques en la provincia de Kivu del Norte. Dijeron que el M23 baleó a la gente indiscriminadamente, saqueó tiendas y los expulsó de sus casas, por lo que las personas tuvieron que caminar durante horas a través de terreno agreste y ríos, sin alimentos ni agua, con tal de ponerse a salvo. Ahora muchas viven en condiciones sórdidas, apiñadas en pequeñas habitaciones, sin dinero ni acceso a campos para la agricultura.
El grupo M23, formado en gran medida por congoleños de la etnia tutsi, se dio a conocer hace 10 años cuando sus milicianos tomaron Goma, la ciudad más grande del este del Congo, en la frontera con Ruanda. Su nombre se deriva de un acuerdo de paz firmado el 23 de marzo de 2009, que los insurgentes acusan al gobierno congoleño de no implementar. El grupo se mantuvo inactivo durante casi una década hasta que resurgió a fines del año pasado.
Desde octubre, la violencia del M23 se ha incrementado y los rebeldes han tomado más territorio, incluyendo la ciudad de Rutshuru y el pueblo de Kiwanja, y destruyeron un sitio recién establecido para los congoleños desplazados que acababan de regresar de Uganda.
“Esta situación ha puesto directamente a miles de familias en muy malas condiciones de vida. En los campamentos improvisados donde viven no hay comida, no hay donde resguardarse, no hay agua potable, no hay atención médica primaria. En suma, las familias están padeciendo un sufrimiento sin precedentes”, dijo François Kamate, funcionario de prensa de LUCHA, un grupo local defensor de los derechos humanos.
Organizaciones de ayuda humanitaria están pasando apuros para hacer frente a las enormes necesidades. El acceso al agua es extremadamente limitado en las áreas que circundan Goma, lo que ha contribuido a un brote de cólera. Se han reportado más de 100 casos en las últimas semanas, dijo Caitlin Brady, directora para el Congo del Consejo Noruego para Refugiados.
“La comunidad de ayuda humanitaria está respondiendo, pero tenemos que tener más recursos para incrementar nuestras acciones”, señaló. Las casi 400.000 personas recién desplazadas desde octubre se suman a las casi 5,5 millones de personas ya desplazadas en el Congo, y la situación es bastante desesperada, agregó.
Muchos civiles que viven bajo el M23 no están recibiendo nada de ayuda, ya que algunas de las áreas son de muy difícil acceso en medio de la inseguridad. Los que viven en zonas controladas por los insurgentes dicen estar aterrorizados.
“La situación es muy mala. La gente está siendo asesinada”, dijo un residente que vive en Rutshuru, ciudad ocupada por el grupo. La AP no dio a conocer su nombre para proteger su identidad. Las personas viven con miedo y los insurgentes les exigen alimentos y dinero, señaló. El M23 también está golpeando y encarcelando a los que toman fotografías de la ciudad porque les preocupa la propagación de información, agregó.
Hasta ahora las gestiones para que haya conversaciones de paz han logrado poco. Ambas partes se acusan mutuamente de romper una frágil tregua acordada en noviembre de 2022 en Angola. En diciembre del mismo año, representantes del M23 se reunieron con líderes regionales, las fuerzas de paz de la ONU en el Congo, y el ejército congoleño, donde dijeron que ven con beneplácito las gestiones para solucionar el conflicto, dijo Lawrence Kanyuka, portavoz político del grupo, en un comunicado.
El gobierno de la República Democrática del Congo culpa a Ruanda de respaldar al M23 con soldados y armamento de gran poder, hallazgos respaldados por la ONU. En un discurso al país esta semana, el presidente congoleño Felix Tshisekedi criticó a la comunidad internacional de no hacer lo suficiente para frenar los combates.
“El este (del Congo) está plagado de violencia debido a la presencia de muchos grupos armados, ante una indiferencia casi total de la comunidad internacional”, denunció.
El respaldo externo continuo para los insurgentes, exacerbado por la creciente violencia, podría amenazar la estabilidad regional, dicen analistas del conflicto.
“El problema de milicias en el Congo se ha tornado cada vez más en una poderosa amenaza a la seguridad regional”, dijo Trupti Agrawal, analista sénior para África Oriental en la Economist Intelligence Unit. “La capacidad de los grupos rebeldes para incrementar los ataques a pesar de los refuerzos a las operaciones de contrainsurgencia es un indicio de su fortaleza”.
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Mednick reportó desde Dakar. El reportero de The Associated Press Jean-Yves Kamale contribuyó desde Kinshasa.