CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades judiciales de Nicaragua sentenciaron el jueves a ocho y 10 años de cárcel a tres familiares del opositor exiliado Javier Álvarez, en la primera condena dictada en el país contra parientes de un perseguido político.
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Álvarez, un economista de 69 años crítico del gobierno de Daniel Ortega, dijo a AP que su esposa Jeannine Horvilleur, de 63 años, y la hija de ambos, Ana Carolina Àlvarez Horvilleur, de 43, fueron condenadas a 8 años de prisión, mientras que su yerno Félix Roiz recibió una pena de 10 años de cárcel.
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Los delitos imputados fueron “conspiración para cometer menoscabo a integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
Esta es la primera sentencia de culpabilidad contra familiares de un perseguido político, una estrategia que, según defensores de derechos humanos, comenzó a ser aplicada por el gobierno de Daniel Ortega el día que arrestaron a la familia de Álvarez.
Los tres fueron detenidos el pasado 13 de septiembre en Managua, cuando la policía se presentó en la vivienda de la familia para capturar a Javier Álvarez, un opositor de bajo perfil, quien ya había escapado a Costa Rica.
Las dos mujeres tienen doble nacionalidad francesa y nicaragüense, pero esa condición no sirvió para revertir el proceso penal en su contra.
Álvarez dijo que el juez Félix Salmerón admitió las penas solicitadas por la Fiscalía, pese a que sus familiares “no estaban involucrados en ninguna actividad política”.
Según allegados a la familia Álvarez, la embajada francesa en Managua intentó sin éxito gestionar la liberación de las dos ciudadanas franco-nicaragüenses desde el día de su detención.
Javier Álvarez reiteró que sus familiares “son inocentes” y que fueron arrestados y condenados “para vengarse de mí” al no poder detenerlo.
Los tres están presos en la cárcel policial de El Chipote, donde permanecen decenas de líderes opositores arrestados desde mayo de 2021, como parte de los más de 230 “presos políticos” reportados por la oposición.
El gobierno de Ortega ha intensificado la persecución de sus adversarios políticos, y al parecer ya no se conforma con llevarlos al exilio, sino que ahora acusa a sus familiares por la vía penal.
El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) ha calificado estos casos como “un nuevo patrón de secuestro extorsivo” utilizado por el gobierno, ya que “toman como rehenes” a sus parientes para forzar la captura o rendición de los opositores exiliados.
El juez Salmerón condenó también a los exaspirantes a la presidencia Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, a los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, el empresario José Adán Aguerri, y a los dirigentes políticos opositores Violeta Granera, José Pallais y Tamara Dávila, entre otros.
Nicaragua vive una grave crisis política desde la revuelta social de 2018, cuando la represión de la policía y paramilitares del gobierno contra manifestantes civiles dejó 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y al menos 100.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
