SAO PAULO (AP) — Con su túnica parecida a la de Batman, complexión atlética y cabeza calva, Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal brasileño, es una figura imponente.
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Para algunos, sus acciones desde el tribunal son más intimidantes. Ya sea al investigar al expresidente Jair Bolsonaro, arrestar a manifestantes con poca evidencia en su contra o proscribir de redes sociales a partidarios de extrema derecha del exmandatario, De Moraes ha estado persiguiendo enérgicamente a los sospechosos de socavar la frágil democracia de Brasil.
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A raíz del ataque de este mes al Congreso, el palacio presidencial y el Supremo Tribunal Federal por parte de una multitud de partidarios de Bolsonaro que deseaban anular los resultados de las recientes elecciones, el papel de De Moraes como el principal intermediario del poder judicial se ha expandido aún más. Algunos lo acusan de extralimitarse en nombre de proteger la democracia brasileña de la doble amenaza de la violencia política y la desinformación. Otros consideran que sus osadas tácticas se justifican dadas las circunstancias extraordinarias.
“Nuestra democracia está en una situación de riesgo extremo, así que es comprensible que se implementen algunas restricciones excepcionales”, dijo Juliana Cesario Alvim, profesora de derechos humanos de la Universidad Federal de Minas Gerais, que ha efectuado investigaciones sobre las decisiones del Supremo Tribunal. “Pero eso no significa que no debería haber críticas sobre cómo se manejan estos casos”.
Definir los límites de la libertad de expresión es un asunto espinoso no sólo en Brasil. En Estados Unidos, algunos conservadores consideran que la moderación del contenido en redes sociales equivale a censura. Por su parte, algunos liberales dicen que no se hace lo suficiente para erradicar el odio, la violencia y la información errónea.
En Brasil, los leales a Bolsonaro que dicen que De Moraes está amordazando la libre expresión obtuvieron recientemente el apoyo —y el megáfono en redes sociales— del periodista Glenn Greenwald, ganador del Premio Pulitzer, que reside en Brasil.
A diferencia de Estados Unidos, donde la Primera Enmienda constitucional es un texto casi sagrado que se enseña en todas las escuelas secundarias, la Constitución de Brasil es más compleja de manejar. Redactada luego de la dictadura militar que se extendió de 1964 a 1985, contiene una larga lista de objetivos a los que aspira y prohibiciones contra delitos específicos como el racismo y, más recientemente, la homofobia. Pero la libertad de expresión no es absoluta, según Jane Reis, jueza federal y profesora de derecho en Río de Janeiro.
Sin embargo, algunas de las decisiones de De Moraes han llamado la atención, incluso entre sus defensores. En agosto autorizó órdenes de allanamiento contra líderes empresariales después de que un medio de comunicación local informó que tenían un chat privado grupal en el que se hacían referencias vagas a favor de un posible golpe de Estado, pero que no parecía mostrar un intento coordinado para poner fin a la democracia.
En 2019 el Supremo Tribunal Federal decidió investigar las noticias falsas y las amenazas contra sus ministros, lo que apuntaló drásticamente la autoridad de De Moraes para allanar, censurar e incluso encarcelar a las voces antidemocráticas.
La medida generó controversia inmediatamente y no tuvo precedentes porque no fue el resultado de una solicitud de los legisladores ni de una institución gubernamental. En la pesquisa, los magistrados del tribunal —y De Moraes en el papel de investigador principal— han fungido como acusadores, víctimas y árbitros a la vez, según los críticos. La corte rechaza esa descripción, y dijo que sólo emitiría un fallo en casos en los que los fiscales presenten cargos, o contra alguien que tenga protección jurídica especial, como por ejemplo un legislador en funciones.
Muy pronto, De Moraes puso su atención en Bolsonaro. En 2020, la policía allanó las casas y congeló las cuentas de redes sociales de sus simpatizantes y YouTubers de extrema derecha. Legisladores partidarios de Bolsonaro abogaron por la destitución de De Moraes, alegando que tenía prejuicios contra el expresidente derechista. Durante meses Bolsonaro utilizó su considerable presencia en redes sociales para generar dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica de Brasil, lo que lo enfrentó a De Moraes cuando éste asumió la presidencia de la autoridad electoral.
Desde la derrota de Bolsonaro ante el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en una segunda vuelta electoral en octubre, De Moraes ha intensificado su cruzada. Tres días después de que la multitud allanara los recintos gubernamentales de la capital de Brasil, De Moraes ordenó a Facebook, Twitter, TikTok e Instagram que bloquearan las cuentas de personas acusadas de incitar o apoyar ataques contra el orden democrático de Brasil. El incumplimiento dentro de las dos horas siguientes resultaría en una multa de 100.000 reales (20.000 dólares) por día, según el edicto secreto dado a conocer por primera vez por Greenwald.
Entre las personas afectadas por dicha orden se encuentra Nikolas Ferreira, un YouTuber de 26 años que recibió la mayor cantidad de votos de entre 513 candidatos a legisladores federales en las últimas elecciones. Días después del allanamiento a los recintos gubernamentales, Ferreira culpó falsamente al nuevo gobierno de Lula de la violencia.
“En nombre de la democracia, un juez no electo está silenciando a los representantes electos del pueblo en la internet”, dijo en una entrevista Greenwald, que dice ser un defensor absoluto de la libertad de expresión.
Telegram se ha negado a bloquear la cuenta de Ferreira. Medios locales reportaron el miércoles, sin especificar su fuente, que la empresa le envió una carta a De Moraes diciéndole que las órdenes de eliminación de contenido impiden las discusiones legítimas, implican censura y limitan la libertad de expresión.
Ferreira agradeció a Telegram en su canal, la única plataforma pública que aún podía usar.
“Literalmente quieren desaparecerme de internet. Es surrealista”, escribió.
Los jurisconsultos hacen notar que De Moraes no actúa por cuenta propia. Sus decisiones, aunque a veces se toman rápidamente en respuesta a informes noticiosos, a la larga requieren ser ratificadas por el pleno del tribunal. En ausencia de cualquier acción por parte del fiscal general — que fue designado por Bolsonaro—, De Moraes ha sido catapultado por sus colegas al frente de su lucha contra el radicalismo de extrema derecha.
Los expertos jurídicos dicen que el debate en torno a la libertad de expresión distrae la atención de preocupaciones de mayor envergadura sobre la extralimitación, y señalan algunas decisiones de De Moraes no analizadas por el pleno del tribunal, incluidos arrestos y el origen de la investigación de noticias falsas.
“Las respuestas del poder judicial deben ser proporcionales a los ataques y no deberían ser excesivas”, dijo Marcus Vinicius Furtado Coelho, expresidente del colegio de abogados de Brasil. “Arrestar personas debería ser el último recurso, y sólo cuando sea necesario y después de un juicio”.
El Supremo Tribunal Federal indicó en un comunicado que “toda investigación es absolutamente constitucional”. Agregó que las decisiones de De Moraes en la pesquisa sobre noticias falsas fueron confirmadas por el pleno del tribunal en 40 ocasiones, y muchas otras investigaciones bajo su supervisión avanzan con la autorización del tribunal.
Moraes, de 54 años, parece disfrutar de su imagen de responsable de hacer cumplir la ley. En forma singular entre los jueces del Supremo Tribunal Federal, que en su mayoría provienen de otros tribunales o fiscalías, él inició su carrera jurídica siendo abogado defensor en casos penales. Posteriormente asumió el puesto de jefe de seguridad de Sao Paulo, el estado más poblado.
Hasta ahora, muchos izquierdistas y algunos moderados parecen dispuestos a hacerse de la vista gorda ante cualquier posible extralimitación, siempre y cuando el movimiento de Bolsonaro sea contenido.
Pero lo calificaron de ser un “golpista” cuando fue nominado al Supremo Tribunal Federal hace seis años, y lo acusaron de conspirar para destituir a la entonces presidenta Dilma Rousseff, aliada cercana de Lula.
Durante la invasión de los edificios gubernamentales el 8 de enero, una puerta de la oficina de De Moraes fue arrancada y exhibida orgullosamente ante una multitud alborotada. Horas más tarde, el ministro emitía órdenes de arresto para cientos de personas que participaron en el caos.
“Estas personas no son civilizadas. Sólo miren lo que hicieron”, dijo De Moraes en un discurso días después. “El Supremo Tribunal, estoy absolutamente seguro, con respaldo jurídico, con nuestra Constitución y la Policía Federal, castigará a todos los responsables”.
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Goodman informó desde Miami.
