SAN JOSE (AP) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, condenó el jueves al Estado de Bolivia como responsable internacionalmente por no haber hecho justicia al investigar la violencia sexual sufrida hace 20 años por la demandante Brisa Angulo Losada.
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Angulo Losada decidió llevar su caso ante el tribunal interamericano luego de no haber encontrado respuesta judicial tras denunciar su caso en las cortes bolivianas y por haber sido revictimizada en esos procesos durante más de 20 años.
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A la edad de 16 años, Brisa fue víctima de varias violaciones por parte de un primo suyo (10 años mayor) y presentó la denuncia luego de que en 2002 una psicóloga determinara que “era una menor que había sido seducida por un hombre adulto con el propósito de explotarla sexualmente”.
El violador fue sentenciado a siete años de cárcel por el delito de violación en un primer juicio que luego fue anulado. En un segundo juicio, en 2005, el victimario fue absuelto pero el proceso se volvió a anular.
Se programó una nueva audiencia en 2008 a la que el señalado violador no se presentó pues huyó a Colombia, su país de origen. No fue hasta mayo de 2019 que se admitió una solicitud de extradición en su contra, pero en 2022 se canceló la orden por la “prescripción de la acción penal a la luz de la normativa colombiana” y fue liberado.
Ante estos hechos, la Corte Interamericana señala al Estado de Bolivia por no abordar la violación de una menor de edad con una perspectiva de “interseccionalidad entre género y niñez”.
También se reclama que Brisa tuvo una experiencia traumática durante el primer examen ginecológico forense y se le sometió a un segundo examen de forma injustificada en 2008.
Además, la Corte consideró excesiva la duración del proceso penal y recalcó la necesidad de que Bolivia adopte medidas para que no sean necesarias la repetición de entrevistas que provoquen revictimización.
En la condena, la Corte IDH ordenó varias medidas de reparación en favor de Angulo Losada e impone a Bolivia que mantenga abierto el proceso penal contra su agresor, además de que investigue y siente responsabilidades entre los funcionarios que contribuyeron a su revictimización y a las irregularidades en los procesos legales.
Bolivia tendrá que hacer un acto público de reconocimiento de su responsabilidad y hacer ajustes a sus leyes para que la falta de consentimiento “sea central y constitutiva” del delito de violación.
El Estado boliviano tendrá también que implementar una campaña de concienciación y sensibilización que confronte los esquemas socioculturales que en ese país normalizan o trivializan el incesto.
