CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un juez de Nicaragua condenó el miércoles a tres familiares del opositor Javier Álvarez, entre ellos su esposa e hija con doble nacionalidad francesa y nicaragüense, con penas de hasta 10 años de cárcel, informó el afectado.
PUBLICIDAD
Este es el primer caso de una condena de cárcel a familiares de un perseguido político, una estrategia que según defensores de derechos humanos comenzó a ser aplicada por el gobierno de Daniel Ortega el 13 de septiembre pasado, cuando la policía arrestó a la familia de Álvarez al no encontrarlo a él en la vivienda.
PUBLICIDAD
Álvarez, un economista y opositor de perfil bajo que se encuentra exiliado, declaró a The Associated Press que el juez Félix Salmerón dictó una condena de 8 años de prisión para su esposa Jeanine Horvilleur y su hija Ana Carolina Álvarez Horvilleur, y de 10 años para su yerno Félix Roiz, en un juicio que inició el martes y terminó este mediodía local.
Los delitos imputados por la Fiscalía y admitidos por el juez fueron “conspiración para cometer menoscabo a integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
“Han condenado a inocentes por venganza”, dijo el opositor, que se define como “un ciudadano crítico y humanista”, tras calificar de “mamotreto” el juicio del gobierno sandinista contra su familia.
Álvarez fue directivo del movimiento opositor UNAMOS, cuyos máximos líderes están presos: Dora María Tellez, Víctor Hugo Tinoco, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona y Tamara Dávila, todos acusados de “conspiración” contra el Estado.
La embajada francesa en Managua intentó sin éxito gestionar la liberación de las dos ciudadanas franco-nicaragüenses desde el día de su detención.
Javier Álvarez agregó que estaba preparado para esta condena, pero destacó que igual le provocó “mucho dolor y rabia” pues sus familiares “son inocentes” y no realizaban ningún activismo político. “Se los llevaron simplemente porque no pudieron detenerme a mí”, dijo.
Jeannine Horvilleur, de 63 años y Ana Carolina Álvarez Horvilleur, de 43, así como su esposo Félix Roiz, fueron sacados de sus casas por la Policía nicaragüense el 13 de septiembre y arrestados sin mediar orden judicial.
Álvarez recordó que el juez Salmerón es “uno de los funcionarios del Poder Judicial más leales e incondicionales a Daniel Ortega”, y que dictó condenas de hasta 13 años de cárcel contra nueve líderes políticos opositores en 2021.
Salmerón condenó a los exaspirantes a la presidencia Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, a los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, el empresario José Adán Aguerri, y a los dirigentes políticos opositores Violeta Granera, José Pallais y Tamara Dávila, señaló.
Otro caso similar fue el del joven Gabriel López del Carmen, hijo de la comunicadora Andrea Margarita del Carmen. López fue detenido en Managua el 14 de septiembre pasado cuando la policía llegó a su casa para arrestar a su madre, que ya había marchado al exilio.
El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) ha calificado estos casos como “un nuevo patrón de secuestro extorsivo” utilizado por el gobierno, ya que “toman como rehenes” a sus parientes para forzar la captura o rendición de los opositores exiliados.
El gobierno de Ortega ha intensificado la persecución de sus adversarios políticos, y al parecer ya no se conforma con llevarlos al exilio, sino que ahora acusa a sus familiares por la vía penal, según organizaciones de derechos humanos.
Decenas de miles de nicaragüenses han huido del país en la represión posterior a las masivas protestas de abril de 2018. Decenas más han sido detenidos y sentenciados con largas condenas de prisión.
Nicaragua vive una grave crisis política desde la revuelta social de 2018, cuando la represión de la policía y paramilitares del gobierno contra manifestantes civiles dejó 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y al menos 100.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
