BOGOTÁ (AP) — El canciller colombiano Álvaro Leyva aseguró el miércoles que la decisión de llamar a consultas a la embajadora de Colombia en Guatemala no significa que se vayan a revisar las relaciones con ese país pese a la tensión diplomática que atraviesan.
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El desacuerdo inició el lunes luego de que el Ministerio Público de Guatemala anunció que emprenderá acciones legales contra Iván Velásquez, actual ministro de Defensa colombiano y quien lideró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICG).
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La CICIG, un organismo de las Naciones Unidas, cerró en 2019 y Velásquez tuvo que salir de Guatemala por tensiones con el presidente Jimmy Morales a raíz de sus investigaciones. La CICIG llevó a juicio a tres expresidentes, incluido el general Otto Pérez Molina, y acusó a más de 1.500 personas por corrupción, entre ellas a funcionarios de gobierno, jueces y empresarios.
Leyva, en declaraciones al medio colombiano RCN desde Suiza, rechazó la investigación contra Velásquez y sostuvo que “no es una acción del gobierno (guatemalteco), sino de una fiscal que está siendo investigada por los Estados Unidos”. Agregó que la embajadora Victoria González Ariza fue llamada a consultas para aclarar lo que está ocurriendo en Guatemala.
“Queremos que se pueda continuar con una relación como la que tenemos hasta el momento con Guatemala, consideramos que es un Estado necesario dentro la unidad latinoamericana, que es lo que estamos buscando”, agregó el canciller.
Guatemala también llamó a consultas a su embajadora en Colombia, Reagan Vega Santizo, y lamentó que Colombia vuelva político “un tema de orden legal tomando decisiones abruptas” sin seguir los canales diplomáticos.
La víspera el presidente Gustavo Petro -el primero de izquierda en la historia de Colombia- advirtió que si el país centroamericano insiste “en apresar hombres justos, nosotros nada tenemos que ver con Guatemala”. Petro ha dado un respaldo irrestricto a su ministro y ha dicho que “jamás” aceptará una orden de captura en su contra proveniente de Guatemala.
Las acciones legales, de las que aún no se conoce una orden de aprehensión, fueron anunciadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad que dirige el fiscal Rafael Curruchiche, quien fue sancionado en 2021 por el gobierno estadounidense por obstruir la lucha anticorrupción. Según el fiscal, Velásquez debe responder por “actos ilegales y abusivos” cometidos cuando estuvo al frente de la CICIG en un supuesto caso de corrupción relacionado con la constructora brasileña Odebrecht.
Velásquez dijo en un comunicado que no ha sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala y que en todo caso actuó con “total transparencia”.
