NACIONES UNIDAS (AP) — Más de 90 países han expresado “suma preocupación” por las medidas represivas de Israel en contra del pueblo, gobernantes y sociedad civil palestinos, después de que Naciones Unidas solicitara a la Corte Internacional de Justicia que emitiera una opinión consultiva sobre la legalidad de las políticas israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén oriental.
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Los palestinos difundieron el lunes un comunicado en el que los firmantes pidieron revertir las medidas israelíes, diciendo que, sin importar su postura en cuanto a la resolución de la Asamblea General, “rechazamos las medidas punitivas implementadas en respuesta a una solicitud de una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia”.
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El pasado 30 de diciembre, los 193 miembros de la Asamblea General aprobaron —con 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones— la resolución sobre la CIJ impulsada por los palestinos y que Israel rechazó vehementemente. A pesar de que los fallos de la Corte Internacional de Justicia no son vinculantes, pueden tener un peso en la opinión mundial.
El nuevo gobierno ultraconservador israelí respondió el 6 de enero con la aprobación de medidas para penalizar a los palestinos como represalia. Dos días después, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo en una reunión de gabinete que sus medidas contra los palestinos estaban dirigidas a lo que se refirió como una medida “antiisraelí extrema” en las Naciones Unidas.
El gabinete de seguridad del gobierno israelí decidió retener 39 millones de dólares a la Autoridad Palestina y en su lugar transfirió los fondos a un programa de compensación para familias de víctimas israelíes de ataques palestinos.
También optó por deducir la cantidad de ingresos que Israel suele transferir a la Autoridad Palestina por una suma equivalente a la cantidad pagada el año pasado a las familias de los prisioneros palestinos y aquellos muertos en el conflicto, incluidos combatientes implicados en atentados contra israelíes. El gobierno palestino describe los pagos como un programa social necesario, mientras que Israel afirma que el llamado Fondo de los Mártires incentiva la violencia.
El gabinete de seguridad también fue directamente contra funcionarios palestinos, diciendo que les negaría beneficios a los “VIP que encabezan la guerra legal y política contra Israel”. El primero en ser afectado fue el ministro de Relaciones Exteriores, Riad Malki, quien dijo en comunicado el 8 de enero que estaba de regreso de la investidura del presidente de Brasil cuando se le informó que Israel le había retirado su permiso de viaje VIP, el cual le permite a altos funcionarios palestinos viajar con mayor facilidad dentro y fuera de Cisjordania.
La declaración hecha pública el lunes fue firmada por representantes de naciones árabes y de la Organización de Cooperación Islámica, así como de otros 37 países, entre ellos Alemania, Francia e Italia, además de Japón, Corea del Sur, Brasil, México y Sudáfrica.
