BRUSELAS, 17 (EUROPA PRESS)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
El mandato adoptado en Estrasburgo (Francia) --con el apoyo de 594 eurodiputados, 5 en contra y 43 abstenciones_defiende que sólo se puedan enviar residuos a países de fuera de la OCDE en caso de que se trate de materiales no tóxicos y de que el país de destino dé su consentimiento expreso y acredite su capacidad para tratarlos de manera sostenible.
Las nuevas reglas, que la Eurocámara deberá negociar aún con el Consejo, pretenden establecer normas más estrictas en el transporte de residuos tanto dentro como fuera de la Unión Europea con el objetivo de reforzar la protección de la salud humana y medioambiental.
Según datos comunitarios, la Unión Europea exportó fuera del bloque 32,7 millones de toneladas de desechos durante 2020, lo que supone el 16% del comercio global de residuos y no tiene en cuenta otros 67 millones de toneladas anuales transferidos entre países de la UE.
"Con las nuevas reglas será más fácil luchar contra el delito de vertidos dentro y fuera de la UE. Con la prohibición de la exportación de plástico que planteamos estamos presionando para una economía más innovadora y circular, en beneficio de las próximas generaciones", ha asegurado la ponente de la posición europarlamentaria, la eurodiputada 'popular' danesa Pernille Weiss.
En este contexto, los eurodiputados avalan asimismo prohibir de manera explícita el traslado dentro de la Unión Europea de aquellos residuos que no puedan ser recuperados, salvo en circunstancias excepcionales y previa autorización justificada.
Asimismo, el envío de residuos no peligrosos para su recuperación se permitirá a países de fuera de la OCDE únicamente en caso de que lo autoricen y de que tengan capacidad demostrada para tratarlos de manera ambientalmente correcta.
Los eurodiputados también plantean prohibir la exportación fuera de la OCDE de residuos plásticos y reducirla gradualmente dentro de la OCDE hasta su prohibición en el plazo cuatro años.
Para facilitar a los Estados miembro la prevención y detección de los traslados ilícitos de residuos, el Parlamento propone la creación de un mecanismo común basado en el riesgo.
