SAN CARLOS, Bolivia (AP) — A las afueras de Santa Cruz, la ciudad más poblada de Bolivia, la autopista empieza a parecerse a un estacionamiento con decenas de camiones cargados de mercancías parados en una larga fila mientras sus agotados conductores esperan a un lado de la vía. De las ventanillas de algunos cuelga ropa mojada.
Los vehículos no pueden avanzar debido a los grandes montículos de arena apilados sobre la carretera a su paso por la localidad de San Carlos, a 110 kilómetros (68 millas) de Santa Cruz. Por entre los montículos solo circulan las motocicletas que llevan pasajeros.
“Esta medida es para hacerle notar al gobierno que sin Santa Cruz no pueden vivir”, dijo Micol Paz, un activista de 32 años de Creemos, el partido del gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Camacho, el líder opositor más destacado del país, fue detenido en diciembre por cargos de terrorismo, lo que desencadenó una serie de protestas en esta región oriental, que es el motor económico y el centro agrícola de Bolivia. Los cortes de carreteras para reclamar su liberación, como el de San Carlos, han sembrado el caos en la cadena de distribución, dispararon los precios y agravaron las tensiones entre el gobierno izquierdista en la capital, La Paz, y la oposición de derechas en Santa Cruz.
El arresto de Camacho deriva de las movilizaciones que provocaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales en 2019. El partido de Morales, que ha regresado al poder, acusa al gobernador de orquestar unas protestas que califica de golpe de Estado. Esos disturbios causaron 37 muertos.
Los partidarios de Camacho sostienen que las protestas fueron una respuesta legítima a unas elecciones fraudulentas que trataban de mantener a Morales en el poder y que su detención equivale a un secuestro.
El gobernador, que quedó tercero en los comicios presidenciales de 2020, está en una prisión de máxima seguridad a las afueras de La Paz luego de que un juez ordenó su detención preventiva por cuatro meses, coincidiendo con la fiscalía en que existía riesgo de fuga.
Atrapados en el medio de la disputa están los camioneros y los consumidores afectados por el aumento de los precios.
Edgar Quispe Solares estaba visiblemente enojado sentado en el semirremolque en el que transporta autos.
“Una semana estamos sin servicios básicos. No podemos bañarnos, no podemos comprar", lamentó Quispe, de 47 años, mientras observaba ansioso como activistas se preparan para trasladar la barricada a una localidad cercana, un indicio de que podría mover su camión por primera vez en ocho días.
Rómulo Calvo, jefe del poderoso Comité Cívico de Santa Cruz que convocó los bloqueos, indicó que aunque las protestas deben continuar hasta la puesta en libertad de Camacho, no podía garantizar que eso fuese a ocurrir realmente.
“Los bloqueos van a aguantar hasta que la misma gente que está tomando las acciones pueda aguantar”, dijo Calvo, quien reconoció el cansancio tras una huelga de 36 días contra el gobierno el pasado otoño para exigir un censo nacional que podría dar más ingresos fiscales y representación legislativa a la región.
Santa Cruz juega un papel clave en la economía boliviana: representa alrededor de un tercio de su actividad económica y produce el 70% de los alimentos del país.
“Santa Cruz es un bastión fundamental para la economía boliviana, es por eso que cuando Santa Cruz mide fuerzas con el gobierno lo puede hacer”, apuntó Jaime Dunn, analista económico en La Paz.
Es difícil cuantificar el efecto económico directo que tienen las movilizaciones, en parte porque algunos camiones logran eludir los bloqueos.
“No necesariamente vas a ver el impacto monetizado en términos de montos, pero sí en precios y en la disminución en reservas del Banco Central”, agregó Dunn.
En los mercados de la capital, los clientes escasean. El precio del pollo se ha disparado un 29% mientras que el de la carne de res aumentó un 8% desde el inicio del bloqueo, según Marina Quisbert, líder de una agrupación de carniceros del Mercado Rodríguez.
Pero no es solo la carne.
“Hasta las verduras han subido. Si antes usaba 100 pesos, ahora tengo que usar 120", aseguró Rubén Mendoza, un maestro retirado de 65 años.
El gobierno del presidente izquierdista Luis Arce ha restado importancia a las repercusiones económicas del bloqueo. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo a periodistas esta semana que los preciosa se han incrementado debido a la “especulación y agio de precios”.
En pleno debate sobre las consecuencias económicas de las protestas, miles de personas salieron a la calle en las capitales de ocho de las nueve regiones del país el martes para exigir la puesta en libertad de Camacho y de otros líderes opositores encarcelados. También hubo contramovilizaciones más pequeñas en favor de su arresto.
Karine Flores, una asistente ejecutiva de 49 años, que protestó en Santa Cruz dijo que siente incertidumbre e impotencia. “Todos podemos irnos presos porque no estamos de acuerdo con el gobierno”, añadió.
Algunos se han pronunciado en contra de los agentes enfrentan a los inconformes en las frecuentes manifestaciones nocturnas en el centro de Santa Cruz.
“Nos mandan policía a gasificarnos”, señaló Pablo Vaca, un vendedor de 37 años.
El ejecutivo de Arce acusó a quienes participan en esas convocatorias de fomentar la violencia y quemar vehículos y oficinas públicas.
También hay quien, pese a estar de acuerdo con el objetivo de las protestas, afirmaron que los bloqueos van demasiado lejos, como Elvis Velázquez, un médico que vive cerca de San Carlos y trabaja en Yapacaní, a unos 65 kilómetros (40 millas).
“Apoyo algunas medidas, pero el bloqueo no es productivo ya que nos paraliza como como ciudadanos", dijo Velázquez mientras se apuraba para subir a una camioneta para llegar a su consulta tras cruzar la barricada a pie. "Nos cortan de nosotros mismos”.
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La periodista de The Associated Press Paola Flores contribuyó a este despacho desde La Paz, Bolivia.