RÍO DE JANEIRO (AP) — Miles de partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro que se niegan a aceptar su derrota electoral tomaron por asalto el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial el domingo, apenas una semana después de que el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo.
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Los manifestantes sortearon las barricadas de seguridad, treparon a los techos, rompieron ventanas e invadieron los tres recintos, los cuales se conectan por la gran Plaza de los Tres Poderes en la capital Brasilia. Algunos de ellos piden la intervención militar para reinstaurar a Bolsonaro en el poder o para destronar a Lula.
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Pasaron horas antes de que se restableciera el control de los edificios, y cientos de personas fueron detenidas.
En una conferencia de prensa desde el estado de Sao Paulo, Lula acusó a Bolsonaro de alentar el levantamiento de quienes calificó de “fanáticos fascistas”, y leyó un decreto recién firmado para que el gobierno federal asuma el control de la seguridad en el Distrito Federal.
“No hay precedente para lo que hicieron, y estas personas deben ser castigadas”, manifestó Lula.
Imágenes del canal de televisión Globo News mostraban a los manifestantes vistiendo los colores verde y amarillo de la bandera nacional, que también han llegado a simbolizar el movimiento conservador de la nación y que fueron adoptados por los partidarios de Bolsonaro.
El expresidente se ha enfrentado repetidamente con los jueces del Supremo Tribunal Federal, y la sala donde sesionan fue destrozada por los alborotadores. Rociaron mangueras contra incendios dentro del edificio del Congreso y saquearon las oficinas del palacio presidencial. Había ventanas rotas en todos los edificios.
Bolsonaro, quien voló a Florida antes de la investidura de Lula, rechazó la acusación del presidente a última hora del domingo. Escribió en Twitter que las protestas pacíficas forman parte de la democracia, pero que el vandalismo y la invasión de edificios públicos son “excepciones a la regla”.
La policía lanzó gases lacrimógenos para tratar de recuperar el control de los inmuebles. La televisión mostró imágenes por la tarde de las fuerzas de seguridad sacando a algunos manifestantes del palacio presidencial con las manos atadas por la espalda. Para la noche ya se había restablecido el control de los edificios. El ministro de Justicia Flavio Dino informó en conferencia de prensa que aproximadamente 200 personas habían sido arrestadas, y que los agentes del orden público estaban arrojando más gases lacrimógenos para expulsar a los manifestantes que quedaban en el área.
Pero con el daño ya hecho, muchos en Brasil se preguntaban cómo la policía había ignorado abundantes advertencias, si no estaba preparada o si era de alguna manera cómplice.
Lula dijo en su conferencia de prensa que hubo “incompetencia o mala fe″ por parte de la policía, y que habían sido igualmente complacientes cuando los partidarios de Bolsonaro se amotinaron en la capital hace semanas. Prometió que esos agentes serían castigados y expulsados del cuerpo.
Los incidentes recordaron lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, un asalto perpetrado por partidarios del entonces presidente Donald Trump. Diversos analistas políticos alertaron durante meses que lo mismo podría suceder en Brasil, dado que Bolsonaro ha sembrado dudas sobre la fiabilidad del sistema de votación electrónica de la nación, sin ninguna prueba. Los resultados fueron reconocidos por políticos de todo el espectro, así como por decenas de gobiernos extranjeros.
A diferencia de los hechos de 2021 en Estados Unidos, es posible que hubiera poco personal en el Congreso y en el Supremo Tribunal Federal por ser domingo.
El presidente estadounidense Joe Biden les dijo a reporteros que los disturbios en Brasil eran “indignantes”. Su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, fue más allá y tuiteó que Estados Unidos “condena cualquier intento de socavar la democracia en Brasil”.
Posteriormente Biden tuiteó que estaba deseoso de seguir trabajando con Lula, y calificó los disturbios como un “asalto a la democracia y a la transferencia pacífica del poder en Brasil”.
Videos difundidos en redes sociales horas antes mostraban una presencia limitada de la policía militar de la capital. En uno de ellos se veía a agentes de pie mientras la gente inundaba el Congreso, y a uno de ellos utilizando su teléfono para grabar imágenes. La Secretaría de Seguridad de la capital no respondió de momento a una solicitud de The Associated Press para comentar sobre la relativa ausencia de policía.
“Las autoridades brasileñas tuvieron dos años para aprender las lecciones de la invasión del Capitolio y prepararse para algo similar en Brasil”, señaló Maurício Santoro, profesor de ciencias políticas de la Universidad Estatal de Río de Janeiro.
El gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, confirmó en Twitter que había despedido al jefe de Seguridad Pública de la capital, Anderson Torres. Medios de comunicación locales informaron que Torres se encuentra actualmente en Estados Unidos.
La procuraduría general pidió al STF que ordene el encarcelamiento de Torres.
Los simpatizantes de Bolsonaro han protestado contra la victoria electoral de Lula desde el 30 de octubre, bloqueando caminos, incendiando vehículos y congregándose afuera de edificios militares, pidiendo a las fuerzas armadas que intervengan. El jefe de la autoridad electoral de Brasil rechazó la petición de Bolsonaro y de su partido político de anular los votos emitidos en la mayoría de las máquinas de voto electrónico.
“El legado de Trump sigue envenenando nuestro hemisferio”, tuiteó el senador estadounidense Bob Menéndez, que preside el comité de relaciones exteriores del Senado.
