El presidente chileno Gabriel Boric aceptó el sábado la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, al considerar que hubo “desprolijidades” en una serie de indultos anunciados hace varios días y que generaron polémica y fuerte tensión entre las fuerzas políticas del país.
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De los 13 indultados, doce fueron condenados por hechos vinculados al estallido social de octubre del 2019. Entre ellos figura Luis Castillo, con varias condenas y más de dos decenas de causas judiciales —entre ellas por robo con violencia— y cuyo prontuario puso en duda las declaraciones realizadas por el gobernante sobre que no se había indultado a “delincuentes”.
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Boric se dirigió a la nación y los medios el sábado desde el palacio de la Moneda con tono autocrítico para informar que aceptó la renuncia de Ríos “debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos”.
En los últimos días, la oposición anunció una acusación constitucional contra Ríos, también cuestionada por el fallido proceso de elección de un Fiscal Nacional, que va por su tercer intento el lunes, y por haber firmado los decretos que permiten los indultos, una facultad que tiene el presidente por ley en Chile.
Boric anunció que el abogado Luis Cordero Vega, que se encontraba fuera del país, asumirá el cargo de ministro de Justicia en los próximos días. Cordero es licenciado en Ciencias Jurídicas y profesor de derecho de la Universidad de Chile.
En el comunicado difundido por presidencia también se anunció la renuncia de Matías Meza-Lopenhandia como jefe de gabinete del presidente.
La liberación de los llamados “presos de la revuelta” fue un compromiso de campaña de Boric, pero como no logró los votos del Congreso para amnistiarlos optó por indultar a 12 condenados por delitos como homicidio frustrado, incendio, porte y lanzamiento de bombas incendiarias y saqueos.
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También indultó a Jorge Mateluna, un ex militante de un grupo guerrillero que combatió por las armas a la dictadura de 1973 a 1990, condenado por el asalto a un banco en 2013.
Además de las consecuencias políticas de su decisión, que supuso el quiebre con los partidos de derechas de unas avanzadas negociaciones sobre un acuerdo transversal de seguridad para avanzar en materia legislativa en la lucha contra la delincuencia, las declaraciones de Boric sobre los indultos generaron la molestia del Poder Judicial.
El mandatario afirmó que durante el juicio a Mateluna “hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”.
Las expresiones de Boric irritaron a la Corte Suprema que recordó en un comunicado que la constitución dispone que son los tribunales de justicia los facultados para conocer las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado.
Boric, en una nota leída el martes en la sede de gobierno, respondió que “comparto plenamente el recordatorio que realizó la Corte Suprema” sobre la separación de los poderes del Estado y dio por zanjada la polémica.
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La renuncia de Ríos supone la segunda en diez meses de mandato por polémicas vinculadas a decisiones tomadas en sus cargos ministeriales. A finales de agosto, Boric aceptó la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, tras una polémica por supuestos contactos que su oficina habría intentado tener con un líder indígena acusado de diversos hechos violentos.
En septiembre, el mandatario efectuó su primer cambio de gabinete, al reemplazar a la ministra de Interior, Izkia Siches, por la actual Carolina Tohá, con más experiencia parlamentaria. Posteriormente, se dieron cambios en otras carteras.
