BUENOS AIRES (AP) — En medio de la escalada del conflicto con la Corte Suprema, el gobierno argentino anunció el jueves que habilitará el Congreso durante la segunda quincena de enero para dar puntapié al tratamiento del proceso de destitución de los cuatro jueces del máximo tribunal.
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Gabriela Cerruti, vocera de la presidencia, dijo que el gobierno convocará mediante un decreto a sesiones extraordinarias en el Parlamento y que se abocará a sumar apoyo político para lograr la destitución de los jueces supremos, a los que acusa de beneficiar con sus fallos a la mayor fuerza de la oposición.
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"Esta es una decisión histórica que tiene que ver con la gravedad de la situación”, dijo la portavoz en una rueda de prensa.
El presidente Alberto Fernández anunció días atrás su decisión de buscar la remoción de los magistrados al considerar que no son imparciales y que interfieren en el funcionamiento de los otros poderes y en el sistema federal argentino.
El juicio político está dirigido al presidente del tribunal supremo, Horacio Rosatti, por mal desempeño en sus funciones, y los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por hechos con distintos grados de responsabilidad.
Fernández ha sumado hasta ahora el apoyo expreso de 11 gobernadores de provincias que son de su mismo espacio, el peronismo.
El oficialismo cuenta con suficientes votos propios en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para abrir una investigación a los magistrados, pero no así para concretar su destitución en el Congreso.
La ofensiva del gobierno contra el máximo tribunal se produce luego de su reciente fallo que obligó al Estado nacional a pagar a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% del volumen del monto total recaudado por impuestos -que se distribuye entre las 23 provincias y la capital-, frente al 2,32% que recibía.
Fernández se manifestó dispuesto a acatar el fallo, al que consideró una muestra de la falta de parcialidad del tribunal en favor del gobierno capitalino liderado por Horacio Rodríguez Larreta, uno de los principales dirigentes de la oposición y con aspiraciones presidenciales en los comicios generales de octubre.
El gobierno también acusó a la Corte de haber interferido en la composición del Consejo de la Magistratura -que se ocupa de la selección y sanción de los jueces- para beneficiar a la mayor fuerza opositora tras haber desplazado a un senador oficialista del mismo y ordenado que su lugar lo tomara un opositor.
El senador oficialista había llegado al Consejo luego de que el bloque del oficialista Frente de Todos se dividió en dos para tener más representantes en ese organismo. Para la Corte, dicha jugada fue un “ardid” y una maniobra “manipulativa”.
La ofensiva del gobierno contra la Corte se produce en medio de la creciente tensión con sectores del Poder Judicial a los que acusa de perseguir al peronismo y luego de que se filtraran conversaciones entre funcionarios judiciales y del gobierno de la capital que -según ha denunciado- constituirían una muestra de tráfico de influencias.
Los opositores repudian por su lado “el atropello constante” del gobierno a las instituciones y consideran que su arremetida contra la justicia busca blindar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien recientemente fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado durante sus dos mandatos como presidenta (2007-2015).
El fallo puede ser apelado hasta llegar a la Corte Suprema. La vicepresidenta enfrenta otras causas judiciales por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito.
