MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
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Suu Kyi y el expresidente birmano Win Myint han sido condenados en un caso relacionado con el alquiler y compra de helicópteros para su uso en tareas de gestión de desastre, si bien las acusaciones vertidas no están claras debido a que los abogados tienen prohibido hablar sobre los procedimientos.
Todas estas condenas son, a juicio de la directora de Amistía para la región de Asia, Meg de Ronde, "procesos amañados" por "motivos políticos", así como "injustos y carentes del más mínimo ápice de transparencia", una crítica que extiende a las acusaciones vertidas por los militares contra "los miles de otras personas que se consumen entre rejas en las conocidas prisiones y centros de interrogatorio" del país.
"Las Fuerzas Armadas de Birmania han convertido el sistema de tribunales y prisiones en un infierno para los Derechos Humanos en el que periodistas, activistas, políticos, médicos, manifestantes y muchas otras personas son encarceladas únicamente por expresar su disidencia pacíficamente."
"El hecho de que este veredicto se haya dictado menos de 10 días después de una amonestación poco frecuente del Consejo de Seguridad de la ONU, exigiendo el fin de la violencia y la excarcelación de los presos y presas que están recluidos arbitrariamente demuestra que es necesario, de manera urgente, aplicar una presión todavía mayor contra el Ejército birmano", según la ONG.
Es por ello que "el Consejo de Seguridad de la ONU debe imponer un embargo de armas integral, incluso al combustible para la aviación, y sanciones específicas a los dirigentes militares", añade la portavoz.
El golpe fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Aung San Suu Kyi se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.
La asonada se vio seguida por una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes que se ha saldado hasta la fecha con cerca de 2.700 muertos y más de 16.600 detenidos --incluidos más de 13.100 que siguen bajo custodia--, según datos publicados por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) a través de su cuenta en Twitter.
