CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La muerte de un vendedor callejero de tamales, quien falleció tras ser atropellado la Nochebuena en una localidad vecina a la capital mexicana, ha abierto un acalorado debate sobre por qué los sospechosos pueden salir de la cárcel a pesar de estar involucrados en eventos equivalentes a un homicidio involuntario.
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Un conductor, presuntamente ebrio, arrolló a Jorge Claudio mientras pedaleaba un triciclo de tamales por un barrio de la periferia norte de Ciudad de México. El conductor fue detenido tras huir del lugar, pero quedó en libertad luego de comprometerse a pagar los daños.
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El accidente quedó registrado en un video, que difundieron medios locales, en el que se observa un costoso vehículo Mini Cooper que al tomar una curva a velocidad se lleva por delante el triciclo que conducía Claudio que murió en el acto. No estaba claro si el sospechoso tenía abogado.
La familia de la víctima se enfureció y organizó una protesta. El escándalo ha recordado al accidente ocurrido en marzo del 2021 cuando colapsó una línea del metro de Ciudad de México, por defectos en la construcción, donde murieron 26 personas. Varios ex funcionarios han sido acusados de homicidio involuntario en ese caso, pero ninguno fue encarcelado.
“El asesino de mi papá, por obligación, debe hacerse cargo de la indemnización, pero también debería estar tras las rejas porque un homicidio es un homicidio, esté ebrio o no”, afirmó en un comunicado Jorge Claudio López, hijo de la víctima.
“Parece ser que en este mundo piensan que lo que uno quiere es dinero, cuando no es así, yo quiero de regreso a mi papá”, indicó el hijo al exigir justicia por la muerte de su padre.
El caso reforzó la creencia generalizada de que los ricos, poderosos o con conexiones políticas reciben un trato preferente por parte del obsoleto y corrupto sistema legal mexicano.
“En México, los políticos de alto nivel, empresarios, militares de alto rango… Están blindados”, dijo el analista en seguridad David Saucedo, y agregó que “el sistema de procuración de justicia permite que quienes tengan influencias o poder económico tengan un trato preferencial”.
Parte del problema es que se ha vuelto habitual que las personas que atropellan se den a la fuga y rara vez esos casos son manejados como delitos independientes en México. A esto se suma el hecho de que la legislación mexicana exige indemnizaciones muy bajas por daños y perjuicios, incluso si se asesina a alguien.
Mientras que las demandas civiles podrían funcionar como elemento disuasorio, los pagos por daños pueden ser tan bajos como 5.000 o 10.000 dólares e, incluso, cuando el colapso del metro, un caso muy publicitado en el que el gobierno era claramente responsable, las familias de las víctimas recibieron el equivalente a 100.000 dólares.
“Me parece que las demandas por vía civil son un disuasor mucho más potente”, señaló el experto en seguridad Alejandro Hope, y sostuvo que lo que hace falta son los pagos de daños y perjuicios, “no más gente en la cárcel”.
Pero Hope reconoce que el sistema de justicia alternativa o reparadora de México aún no está listo. Las familias pobres, como las del vendedor de tamales, pueden organizar marchas pero pocas pueden permitirse contratar abogados y presentar demandas.
“Este tema se trata de resolver por vía del derecho penal y eso no funciona”, planteó Hope al reconocer que “no hay rutas alternativas para personas con pocos recursos para demandar por vía civil”.
