MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
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Los asistentes a la marcha han argumentado que la decisión del Ejecutivo de Fumio Kishida de estipular la capacidad de contraataque viola la Constitución del país, ya que establece una histórica política limitada a la "autodefensa" nacional.
Kunihiko Sakuma, presidente del Consejo de Organizaciones de Víctimas de la Bomba Atómica de Hiroshima, ha criticado que esta política "no conducirá a una solución pacífica".
"Si Japón aumenta su disuasión, otros países la fortalecerán. No conducirá a una solución pacífica". Un aumento del 2 por ciento del PIB es un aumento muy anormal", ha declarado, tal y como ha recogido la agencia de noticias Kyodo.
Asimismo, Shunichi Ishiguchi, que representa a la organización Acción total de Hiroshima, ha asegurado que no puede "evitar recordar la historia de Japón de antes de la guerra, que se dirigía a la agresión".
El Gobierno japonés presentó este viernes unos presupuestos anuales caracterizados por una asignación de tamaño sin precedentes al gasto militar del país de 6,8 billones de yenes (unos 48.000 millones de euros) para sustentar la nueva y agresiva política de defensa estratégica y planeada para contrarrestar la amenaza que representa Corea del Norte y la expansión china en la región del Indo-Pacífico.
La nueva partida de gasto en defensa para 2023 aumenta en un 26,4 por ciento respecto al año pasado y representa el primer paso para romper el techo histórico de asignación del 1 por ciento del PIB al sector militar, con la intención de subirlo hasta el 2 por ciento en el año 2027, en línea con las expectativas de la OTAN, a pesar de que la salud fiscal del país es la peor entre las principales economías industrializadas, con una deuda pública que representa más del doble del PIB.
