MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
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Según la organización, la Justicia de Perú debería indagar sobre los "asesinatos de manifestantes", así como sobre las denuncias de un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y el Ejército del país.
"La violencia cometida durante las protestas debe investigarse, pero no justifica el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, que puede poner en peligro la salud y la vida de las personas", ha afirmado la directora de HRW para Latinoamérica, Juanita Goebertus.
"Las autoridades peruanas deben priorizar el diálogo y el respeto por los Derechos Humanos en la búsqueda de una solución a la actual crisis política del país", ha añadido.
La Defensoría del Pueblo de Perú ha informado hasta al momento de 21 muertes --si bien el balance asciende a 26, según reportes de los servicios de salud de los distintos departamentos--, entre los que se incluyen cuatro de niños.
Según datos del Ministerio de Salud, al menos 12 personas han sido "probablemente" asesinadas por armas de fuego, a la espera de los resultados de la autopsia. Entre ellos hay nueve personas que fallecieron en una zona de Ayacucho donde se encontraba desplegado personal militar armado con fusiles de asalto.
En ese caso, las Fuerzas Armadas peruanas esgrimieron que una patrulla usó "fuerza", sin especificar qué forma tomó la respuesta forzosa, en respuesta a lo que las autoridades describieron como un ataque de "una turba" armada con armas caseras y otros objeto, según la ONG.
Además de las muertes, la Defensoría del Pueblo ha informado de que 356 manifestantes y 290 policías han resultado heridos hasta el 18 de diciembre. De estas, 38 personas permanecían hospitalizadas hasta el 20 de diciembre, incluidas ocho en estado grave, según la cartera peruana de Salud.
Todo ello ha tenido lugar a raíz de las protestas que se iniciaron el pasado 7 de diciembre, cuando el entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción, para que pocas horas después fuera destituido por el Parlamento a través de una moción de censura.
Tras su destitución, Castillo fue detenido por sus propios guardias de seguridad, quienes lo llevaron a la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional de Perú, en el extrarradio de Lima.
Fue entonces cuando Dina Boluarte tomó juramento como presidenta de Perú, para días después declarar un estado de emergencia de 30 días en todo el país a causa de las protestas, suspendiendo algunos derechos básicos como la libertad de asociación o permitiendo el despliegue del Ejército para "apoyar" a la Policía en el mantenimiento del orden en lugares públicos.
En tanto, HRW ha resaltado que, mientras miles de personas han marchado pacíficamente por todo el país, algunos manifestantes han arrojado piedras a la Policía, atacado al personal sanitario, incendiado fiscalías y otros edificios públicos y privados, además de saqueando negocios.
"La Asociación Nacional de Periodistas de Perú reportó 47 agresiones contra reporteros que cubrían las manifestaciones y medios de comunicación, el 90 por ciento por manifestantes y el resto por policías", ha recordado la ONG, resaltando además el bloqueo de carreteras de todo el país durante varios días a manos de los manifestantes.
Por ello, la organización ha hecho un llamamiento a los participantes en las manifestaciones, recordando que derecho a la protesta pacífica "no incluye impedir el paso de ambulancias, suministros médicos y otros servicios de emergencia".
Asimismo, ha pedido a la Oficina de la Fiscalía General que realice investigaciones "inmediatas, exhaustivas e independientes" sobre "los asesinatos" de manifestantes, las lesiones sufridas por los manifestantes y la Policía, así como otros actos de violencia durante las protestas.
"Los fiscales especializados en Derechos Humanos deben dirigir las investigaciones sobre posibles abusos por parte de la policía o las fuerzas armadas", ha instado Human Rights Watch.
En tanto, la organización ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye a los peruanos defendiendo el Estado de derecho y los principios democráticos".
"Deberían enviar un mensaje claro a las autoridades peruanas sobre la necesidad de investigaciones civiles efectivas sobre los asesinatos de manifestantes y de una solución pacífica a la crisis política que tenga en cuenta las preocupaciones legítimas de los ciudadanos", ha aseverado la directora de HRW para Latinoamérica.
