CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó el martes su profunda preocupación porque en Guatemala “se sigue socavando el Poder Judicial y criminalizando a funcionarios judiciales” luego de la condena a una exfiscal anticorrupción.
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A su vez llamó a las autoridades guatemaltecas a fortalecer y garantizar la independencia del sistema de justicia y combatir la corrupción.
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La exfiscal Virginia Laparra fue sentenciada la semana pasada por abuso de autoridad tras haber denunciado a un juez que filtró información y condenada a cuatro años de prisión porque, según el fallo, no tenía autoridad para denunciar al magistrado.
La exfiscal ha dicho que tanto la acusación como la condena fueron una venganza por haber investigado casos de corrupción de alto impacto y haber colaborado con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que durante 12 años desarticuló grupos del crimen organizado incrustados en el Estado.
Laparra, que lleva nueve meses en prisión, fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, que pidió su libertad.
La víspera Peter Stano, portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, dijo que la sentencia contra Laparra “es profundamente preocupante en medio del deterioro del Estado de Derecho, intimidación continua, acciones legales contra jueces, abogados y fiscales independientes”. En el mismo sentido se pronunció el Departamento de Estado estadounidense.
En 2018 Laparra denunció al entonces juez Lesther Castellanos Rodas por filtrar información de un proceso judicial reservado. Tras la denuncia el juez recibió una sanción administrativa que luego fue revocada por la Corte Suprema de Justicia.
Posteriormente el mismo juez denunció a Laparra, quien trabajaba en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
En el juicio a Laparra participaron como querellantes activistas de ultraderecha que defienden a militares acusados de crímenes de guerra sancionados por el Departamento de Estado por bloquear la lucha anticorrupción en Guatemala y socavar la democracia.
