MADRID (AP) — La corte española de mayor rango emitió un fallo que impedía a la cámara alta del parlamento debatir y votar una enmienda del código penal del país, una medida sin precedentes que auguraba posibles complicaciones para la coalición izquierdista antes de un año electoral.
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Tras un debate de nueve horas, el Tribunal Constitucional aceptó una apelación del principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular, para detener la aprobación parlamentaria de una reforma sobre la designación de los jueces en algunos organismos judiciales, incluido el propio Constitucional.
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El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, criticó duramente al PP y dijo que la medida no tenía precedentes en los 44 años de democracia española ni en la Unión Europea, ya que paralizó al Congreso y afectó a la renovación del TC, exigida por la Constitución española.
El Partido Popular, afirmó, pretende “retener por medios espurios un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas”.
Sánchez dijo comprender la indignación de mucha gente por la cuestión, pidió “serenidad” y prometió que el gobierno trabajaría para romper el bloqueo con “cuantas medidas sean precisas”.
Las voces críticas ven la apelación del PP como un ataque a la soberanía de las Cortes y un intento de evitar perder influencia en la corte. El Partido Popular, por su parte, ha acusado al gobierno de tratar de tomar el control del TC de forma subrepticia al incluir la reforma en un paquete rápido que habría limitado el debate al respecto.
La decisión, la primera de su clase en cuatro décadas de democracia en España, podría tener consecuencias en futuros procesos legislativos y posiblemente complicar la labor del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que aspira a la reelección en 2023.
El Tribunal Constitucional suele aceptar apelaciones para revisar leyes ya aprobadas. En este momento tiene pendientes apelaciones del PP contra varias leyes importantes sobre aborto, eutanasia y educación. Pero nunca había intervenido en el proceso antes de la aprobación de una norma.
“Estamos ante unos hechos gravísimos, un golpe de la democracia”, dijo el martes Jaume Asens, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, el socio minoritario del gobierno, en Televisión Española.
En juego está la percepción de tendencia política de los principales organismos judiciales del país, aunque sobre el papel son independientes y neutrales.
Hace tiempo que se considera que tanto el máximo tribunal como el Consejo General del Poder Judicial, que supervisa a los jueces, tienen tendencia conservadora. La renovación del CGPJ lleva estancada los últimos cuatro años debido a la falta de consenso entre el Partido Socialista (PSOE) y el PP. Tanto el partido del gobierno como el principal grupo de oposición, así como el Parlamento intervienen en el nombramiento de los jueces.
El bloqueo del Consejo, a su vez, afecta a la renovación periódica de los jueces del TC, ya que elige a dos de los miembros del tribunal. Pero por el momento, el Consejo no ha acordado sus jueces elegidos.
Ese estancamiento ha mantenido los dos organismos en manos de mayorías conservadoras.
Los dos partidos izquierdistas del gobierno decidieron aprobar la reforma judicial para desbloquear el nombramiento de nuevos miembros de organismos judiciales, pero el PP se opuso a la idea.
En el caso de la Corte Constitucional, los mandatos de cuatro de sus jueces, incluido su presidente, expiraron hace meses. Dos de ellos perderían el puesto si se acuerdan reemplazos dentro de la nueva reforma.
La reforma fue debatida y aprobada pro amplia mayoría en el Congreso de los Diputados, la cámara baja, y se esperaba que se aprobara con facilidad el jueves en la cámara alta, el Senado.
