HUAMANGA, Perú (AP) — La capital de la región de Ayacucho se convirtió el viernes en la zona más letal de las protestas de Perú, en las que se exige se convoque a elecciones generales, y a varios residentes los acontecimientos de la víspera les evocaron el sangriento pasado de violaciones a los derechos humanos ocurridas en esta región.
En las calles del centro histórico de Huamanga podían verse el viernes fogatas en diversas esquinas. Numerosos grupos de manifestantes chocaron con la policía de esa ciudad en medio de una ola de protestas en diversas partes del país, que hasta el momento suman 20 muertos y más de 200 heridos en menos de una semana.
“Estamos volviendo a esos años tan dolorosos”, dijo Rocío Leandro, lideresa del frente de Defensa de Ayacucho, organización que expone las demandas de la población a las autoridades. Se refería al periodo sangriento de 1980 a 2000 en que se produjo el conflicto armado interno de Perú, en el cual hubo graves violaciones a los derechos humanos y abusos por parte de uniformados.
Los manifestantes también solicitan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y del Parlamento, la entidad estatal más impopular del país, según todas las encuestas.
“No vamos a permitir que nos cierren la boca, que nos encierren en nuestras casas”, advirtió Leandro.
Boluarte, quien reemplazó a Pedro Castillo, decretó el miércoles 30 días de emergencia nacional, con lo cual quedaron suspendidos derechos y libertades públicas en un intento por contener las protestas que han bloqueado vías de comunicación, afectando el comercio y el turismo.
Los enfrentamientos del jueves en Huamanga en los que intervino el ejército dejaron ocho muertos y 52 heridos cuando algunos manifestantes buscaron ingresar al aeropuerto de Ayacucho. Todas las víctimas murieron baleadas: siete con disparos en el torax y una con un tiro en la cabeza, según datos de la fiscalía. Una era un estudiante de la universidad nacional San Cristóbal de Huamanga: se llamaba Clemer Rojas García, un danzante de música folclórica de 23 años.
En letalidad le sigue la cercana región de Apurímac, donde han muerto seis personas, la mayoría adolescentes, varios de ellos aún en la escuela secundaria.
El gobierno regional de Ayacucho responsabilizó de las muertes a Boluarte y le pidió renunciar junto a sus ministros de Defensa e Interior. También exigió dejar de usar armas de fuego y cesar a la actual mesa directiva del desacreditado Parlamento, para instalar un gobierno de transición que debe ser asumido por el eventual nuevo presidente electo del Congreso.
A diferencia de la víspera, en los enfrentamientos del viernes no se vio a soldados ni hubo muertos. Por la tarde, un reportero de la AP observó a policías ingresar a la plaza de armas de Huamanga arrojando bombas lacrimógenas, luego de que un grupo menor de manifestantes prendió fuego al colegio de abogados de Ayacucho y al local del Poder Judicial, ambos en los contornos de la plaza. Otro grupo de manifestantes quemó una oficina de la empresa española Telefónica.
Más temprano cientos de estudiantes de la universidad San Cristóbal de Huamanga marcharon por los alrededores de la plaza de armas entonando “La flor de retama”, una canción histórica que habla sobre una matanza de estudiantes en esta región en el año de 1969.
“Vivimos una dictadura que quiere implantarse a sangre y fuego; han asesinado a los hijos de nuestro pueblo", declaró Leandro. “Nos consideran como seres de tercera o cuarta categoría".
Por su parte, Amnistía Internacional dijo el viernes que, desde que se declaró el estado de emergencia en Perú, ha seguido recibiendo “numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiales en las protestas sociales, que van desde el uso excesivo de la fuerza y privaciones de la libertad sin respetar el debido proceso, hasta la tortura”.
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Franklin Briceño está en Twitter como: @franklinbriceno