SANTIAGO (AP) — Poca justicia que sanciona adecuadamente las violaciones de los derechos humanos, una precaria respuesta en materia de reparación y la “inexistencia absoluta” en Chile de medidas de no repetición respecto a lo ocurrido en el estallido social de 2019 denunció el sábado la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su informe anual.
PUBLICIDAD
El informe presentado por Consuelo Contreras en el marco del día de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el país, en una actividad en la que estuvo presente el presidente Gabriel Boric, ofrece cifras abrumadoras: a octubre de 2022, de las 3.151 querellas que acompañó el INDH por hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y 18 de marzo de 2020 solo 3% de esas causas tiene a personas procesadas o formalizadas por esos hechos.
PUBLICIDAD
De esas 187 personas formalizadas --179 pertenecientes a la policía chilena o Carabineros y 8 a las Fuerzas Armadas-- y de los 18 condenados, sólo dos cumplen penas privativas de libertad.
“Todos los condenados recibieron atenuantes a sus condenas, en razón de su buena conducta”, establece el informe en su capítulo número 1 referido a las violaciones de derechos humanos en democracia.
El INDH acompañó en los procesos a un total de 3.626 víctimas, lo que representa un 33% del total de víctimas que denunciaron según los datos aportados por la Fiscalía Nacional del Ministerio Público a septiembre de 2022.
De estas 3.626 víctimas, 1.748 denunciaron hechos por al menos un disparo, un 25% de ellas denunció vulneraciones de sus derechos bajo custodia de las policías, bien en carros policiales o en comisarías, mientras que los hechos de violencia sexual denunciados representan un 32% del total.
En total, el Estado chileno ha entregado 299 pensiones de gracia por estos hechos.
En cuanto a las atenciones de programas especiales del sistema de salud prestadas a las más de 400 personas víctimas de trauma ocular, que perdieron parcial o totalmente su vista como consecuencia de violencia del Estado, se denuncian deficiencias como “poco personal, poco material, poca tecnología, poco dinero, pocos montos para que las personas que están trabajando ahí tengan mayor equipamiento”. El informe destaca “la situación particularmente precaria en que se encuentran las víctimas, tanto en el ámbito de su salud física y mental, como en el económico-laboral”, como consecuencia de la brutalidad que padecieron.
Además señala que se han incumplido o cumplido las recomendaciones de forma parcial en cuanto al uso de la fuerza de las fuerzas policiales. A tres años de la crisis “la ausencia de una ley y no simplemente un protocolo” que marque el uso de la fuerza por la policía y efectivos de seguridad “refuerza la preocupación de que ciertas conductas vuelvan a repetirse en el futuro”.
El informe de INDH también expone en un total de 7 capítulos en su informe aspectos más novedosos vinculados a los derechos humanos, como el acceso al agua de una población sometida a estrés hídrico, los derechos humanos de los adultos mayores o el acceso a la educación tras la pandemia, entre otros.
El cambio climático es objeto de análisis recordando que en marzo de 2022 había 188 comunas de las 345 que existen en Chile, un 54% del país, bajo decreto de escasez hídrica. Esto supone que 8.350.000 personas o el 47,5% de su población tenía problemas de agua.
También aborda los problemas de deserción y violencia escolar que se viven en el país. La presencialidad deja en evidencia que “hay un grupo de estudiantes que ha quedado fuera del sistema; otros viviendo condiciones de infraestructura deficiente, con déficit de docentes o enfrentados a situaciones de violencia” lo que muestra la necesidad de políticas que aseguren el acceso a la educación.
Además, destaca el problema de las listas de espera en la salud pública para la población de adultos mayores y también su situación de vulnerabilidad económica. El 38% de las personas mayores declara ingresos menores a 230 dólares y 1 de cada 3 adultos afirma que sus ingresos no alcanzan para necesidades básicas: “un 19% de los hogares compuestos sólo por personas mayores tiene una preocupación permanente por no tener suficientes alimentos”, afirma el informe.
Por último, también menciona la necesidad del programa de búsqueda de detenidos desaparecidos en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) anunciado por el gobierno de Gabriel Boric este año.
El informe destaca que en el país no ha existido una búsqueda de personas de desaparición forzada, y que la información recabada se debe meramente a procesos judiciales que buscan establecer responsabilidad jurídica. Por lo tanto según las cifras oficiales de los 1.109 desaparecidos forzosamente a casi 50 años del comienzo de la dictadura sólo se habrían identificado 310 lo que indica resultados claramente “insuficientes”.
