MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición, una ley para endurecer las penas de trata en casos de conflicto bélico o catástrofe natural y otra sobre la eficiencia del Servicio Público de Justicia, serían las vías más rápidas para retocar la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como Ley de 'solo sí es sí', un cambio que, si bien no resolvería los casos de revisión de penas a violadores de forma retroactiva, sí evitaría que se impusiesen penas más bajas a los futuros delincuentes sexuales.
Tras las declaraciones que este martes ha realizado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que se abre a realizar "ajustes técnicos" a la Ley de 'solo sí es sí', una vez se pronuncie el Tribunal Supremo sobre el tema, se abren diferentes escenarios para la reforma de esta ley que entró en vigor el pasado 7 de octubre.
Estos 'ajustes' solo se pueden realizar a través de otra ley orgánica que se esté tramitando en el Congreso o en el Senado y, preferiblemente, que se encuentre en el periodo de presentación de enmiendas. Esto lo haría más sencillo, ya que cada grupo parlamentario podría realizar una propuesta al respecto.
Aún así, si este periodo hubiera terminado, al Ejecutivo le quedaría la fase de ponencia, el órgano en el que grupos parlamentarios debaten y acuerdan las enmiendas, en donde se podría consensuar un texto transaccional con los cambios, y que se uniría al paquete de propuestas para su votación en comisión y Pleno.
POSIBLE ANTES DE QUE ACABE 2022
Las iniciativas que mejor se sitúan para realizar un cambio rápido del 'solo sí es sí', evitando así penas más bajas para los nuevos delincuentes, sería la reforma del Código Penal que se está tramitando en el Congreso, y que contiene la derogación del delito de sedición. Esta iniciativa aún tiene abierto su plazo de enmiendas hasta el viernes 9 de diciembre, y, dada su tramitación por la vía de urgencia, estaría aprobada, tras su paso por el Congreso (en el Pleno del 20 de diciembre) y el Senado (en el Pleno del 27 de diciembre), antes de que acabe el año.
La Ley de 'solo sí es sí' también se podría reformar antes de que acabe 2022 a través una proposición de ley del grupo socialista que reforma el Código Penal para agravar las penas de trata cuando las víctimas sean desplazados por conflictos bélicos o catástrofes naturales.
Esta iniciativa cuenta con un gran consenso por parte de los grupos --ha sido aprobada por unanimidad en el Congreso y en la Comisión de Justicia del Senado-- y pasará la semana que viene por el Pleno de la Cámara Alta. En este caso, habría que recurrir a la opción de una enmienda transaccional, según han señalado a Europa Press fuentes parlamentarias, y su posible inclusión obligaría a su regreso al Congreso. Pero también entraría dentro de las sesiones previstas para este mes de diciembre.
Lo mismo ocurre con la Ley orgánica para la eficiencia del Servicio Público de Justicia. En este caso, se ha acabado el plazo de enmiendas y el Congreso tiene prevista la ponencia de la misma para el martes 13 de diciembre, por lo que se podría recurrir a acordar una transaccional. El texto pasaría su primer examen en la Comisión de Justicia, que podría convocarse incluso en la misma semana que la ponencia, y después seguir el mismo calendario que la reforma para derogar la sedición.
En ambos casos, contando con que en la Cámara alta no se realice ninguna modificación de la ley que le haga tener que regresar al Congreso para una ratificación.
SIN PROPUESTAS SOBRE LA MESA
Fuentes gubernamentales han recordado que la propuesta de Sánchez a reformar el ley 'solo sí es sí' depende de que se haga pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre el tema. De ahí que, según han explicado a Europa Press, no se haya puesto aún sobre la mesa ninguna posibilidad.
Lo mismo señalan desde Unidas Podemos sobre la inexistencia de propuestas a pesar de que, según apuntan, ya ha habido diferentes voces llamando a modificarla. Fuentes del grupo confederal han explicado que se respalda la propuesta del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, miembro del Gobierno cuando se aprobó la norma en el Consejo de Ministros.