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MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
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La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y Podemos han indicado que el grupo parlamentario confederal presentará enmiendas a la reforma del delito de sedición para garantizar que el nuevo tipo de desórdenes públicos agravados no afecte a la protesta social, pero no plantean cambios respecto a la malversación. Una materia "delicada" para la formación morada y que solo estudiará si hay una propuesta concreta por parte de otras formaciones.
Tras reunirse con organizaciones de servicios de ayuda a domicilio, Díaz ha explicado que Unidas Podemos está trabajando en sus propuestas de cambios a esta proposición de ley, que deben presentarse el viernes, y que en ellas no figura nada relativo a la revisar el delito de malversación.
Por otro lado y en una entrevista a Europa Press, la coportavoz estatal de la formación morada, Isa Serra, ha explicado que la revisión de la malversación es "algo muy delicado" por los posibles efectos "perversos" que pueda generar, y solo lo estudiarán cuando reciban una propuesta formal de cambio, que hasta ahora no se ha planteado.
Eso sí, ha destacado que la derogación del delito de sedición es una propuesta planteada desde hace tiempo por parte de Unidas Podemos, pues su existencia era una "anomalía" y suprimirlo ayudará a que la justicia comunitaria dé "menos varapalos" a España de los que ha venido desplegando hasta ahora.
No obstante, sí ha destacado que esta reforma del Código Penal no puede convertirse en un "empeoramiento" del derecho a la manifestación y en perjuicio de las organizaciones civiles, por tanto presentarán enmiendas para garantizar la protesta social.
El presidente del grupo parlamentario y dirigente de la confluencia catalana de Unidas Pdoemos, Jaume Asens, sí se mostró partidario de reformar el delito de malversación porque con su redacción actual permite casos de "lawfare" (guerra judicial en inglés), pero no tomarán la iniciativa de abrir ese debate y solo lo abordarán si formaciones, como ERC, lo plantean.
Mientras, el portavoz adjunto y dirigente de IU, Enrique Santiago, se mostró en una línea similar, al argumentar que era conveniente por una cuestión de "seguridad jurídica" diferenciar en la malversación lo que es una gestión ineficiente de recursos públicos y el enriquecimiento personal, es decir, "robar".
