MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
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"Tenemos alternativas en la Ley 418 que acabamos de reformar para convertir a muchas de las personas, que trabajando dentro de organizaciones sociales, humanitarias, que tienen trabajo con las comunidades, nos ayuden a construir la paz total", ha argumentado el responsable del Interior.
En ese sentido, Prada ha ahondado que aquellos que el presidente Gustavo Petro considere que pueden "contribuir a lograr la paz total y la convivencia ciudadana, van a ser designados como portavoces o gestores de paz".
Prada ha remarcado que no se trata de un indulto o una amnistía porque no se suspenderán los procesos judiciales que tienen abiertos por participar en aquellas protestas de 2021 contra las políticas del gobierno del expresidente Iván Duque.
"Quiero dejar muy claro que esto no es un proceso de amnistía, ni de indulto, ni de perdón judicial. Todos los procesos de quienes han sido judicializados en medio de la protesta continuarán en mano de los jueces", sino que se trata de "utilizar una figura transitoria" que permita contar con líderes juveniles reconocidos que puedan "contribuir a la paz total", ha expuesto.
Asimismo, Prada ha aclarado que la Fiscalía y los jueces tendrán la última palabra sobre cada una de las propuestas que el Gobierno de Petro presentará en relación a estas personas que podrían ser "gestores de paz".
Algunos de estas personas que el Gobierno busca que puedan contribuir a la paz interna pertenecen a la conocida como 'Primera Línea', un grupo de manifestantes que se mantuvo a la vanguardia de las protestas, protagonizando en ocasiones enconados enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, cuestionadas por el uso excesivo de la fuerza que aplicaron para reprimir las movilizaciones.
Como no podía ser de otra forma, la oposición ha cuestionado la iniciativa del Gobierno de Petro, al que acusan de "burlarse" de los colombianos, incidiendo a pesar de las explicaciones del Gobierno negándolo en la teoría de que a estas personas se les concederá el indulto.
Una de las críticas más acérrimas del nuevo Gobierno de Casa Nariño, la senadora uribista María Fernanda Cabal, ha dicho que esta medida no es más que una "excusa" para hacer pasar por gestores de paz a unos "terroristas" financiados por las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las extintas FARC.
