BUENOS AIRES (AP) — El presidente argentino Alberto Fernández anunció el lunes que instruyó a su gobierno para que actúe penalmente contra un grupo de jueces, fiscales, políticos y empresarios que, en un ostentoso viaje realizado al sur del país, habían incurrido en supuestas maniobras corruptas.
El presidente, peronista que está en el poder desde finales de 2019, apuntó en su mensaje transmitido por los canales de televisión al grupo de personas que presuntamente compartió viaje en un avión privado para visitar la lujosa vivienda de un empresario británico.
“Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios", afeó el mandatario argentino. "Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia”, denunció el mandatario.
Fernández dijo que resolvió instruir al Ministerio de Justicia para que pida a la Fiscalía que “se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial lo relacionado a su financiamiento”.
El presidente subrayó que ha quedado de manifiesto la forma en que “ciertas corporaciones” operan sobre funcionarios, jueces y fiscales, “procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas”, sin dar más detalle de sus sospechas.
Fernández sí se refirió a la publicación por parte de un diario de Buenos Aires sobre el viaje que había realizado el grupo en cuestión hasta Lago Escondido donde, según apuntó, “habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra" en la Patagonia.
En esa lista de funcionarios, señalada por la prensa, está el juez federal Julián Ercolini que instruyó la causa que derivó en el juicio que tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuestos actos de corrupción durante su Presidencia entre 2007 y 2015.
El reclamo de Fernández llega un día antes de que el tribunal federal que lleva adelante el proceso contra la vicepresidenta dé a conocer su sentencia. Fernández conocerá el martes su resolución a la acusación de la fiscalía de haber favorecido con más de 50 obras públicas a un empresario allegado con perjuicio al erario público. La dirigente peronista podría ser condenada a 12 años de cárcel.
Además, la lista de los pasajeros cuestionados por el viaje la engrosan otros tres magistrados, el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires -donde gobierna la oposición-, el ministro de Seguridad capitalino, exagentes de Inteligencia y directivos del Grupo Clarín, la empresa de medios a la que el gobierno acusa de difamarlo una y otra vez.
Medios de prensa difundieron supuestas conversaciones por una plataforma de mensajería digital de quienes compartieron el viaje en el que sus participantes habrían analizado cómo ocultar ciertos aspectos del mismo y cómo responder a las consultas por parte de periodistas. Los involucrados no han respondido públicamente a los señalamientos en su contra.
Fernández es muy crítico con el poder judicial y considera que ciertos jueces operan en connivencia con dirigentes de la oposición como el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) para perjudicar al gobierno. Los opositores niegan estas acusaciones y achacan a la administración peronista numerosos actos de corrupción.