LIMA (AP) — Dos días de violentas protestas en una ciudad del sur de Perú dejaron dos heridos por arma de fuego y tres edicifios judiciales incendiados, en medio de la indignación popular después de que quedaran libres dos estudiantes que confesaron haber matado a un compañero de 18 años.
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Más de dos mil peruanos protestaron el viernes por segundo día consecutivo en Huanta, al sur de los Andes, en protesta por la inconformidad con el sistema de justicia después de que un estudiante fuera asesinado hace una semana en una zona rural y sus dos compañeros, responsables confesos de la muerte, quedaran en libertad.
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La muerte de Daniel Quispe se produjo la tarde del viernes 25 de noviembre luego que el escolar se reuniera con dos compañeros del colegio para beber licor. Tras una discusión, lo apuñalaron y lo enterraron en una casa deshabitada. La policía recogió las declaraciones de los dos adolescentes, pero quedaron libres.
Associated Press intentó comunicarse con el fiscal del caso Jesús Tineo, sin obtener respuesta de inmediato. Tampoco ha habido por el momento un pronunciamiento de las autoridades por la escalada de tensión.
La liberación de los presuntos responsables fue recibida con indignación en la población y ésta fue subiendo de tono hasta que explotó el jueves con una protesta en las calles que terminó con el local de la Fiscalía incendiado y fuertes enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Las dos jornadas de protesta dejan dos heridos de gravedad por arma de fuego, según las autoridades.
El jefe de los fiscales de Ayacucho, Serapio Miranda habló ante los manifestantes, cuando ya estaba la ciudad levantada, y dijo que si existe negligencia en la labor realizada por el fiscal del caso, éste dejará la investigación.
Videos de televisoras locales mostraron la quema el jueves del local de la Fiscalía en Huanta, en la región de Ayacucho. Arrojaron al fuego numerosos expedientes de investigación judicial. Fueron repelidos después por los agentes que eran menores en número.
“Es la tercera oportunidad que hemos intervenido para mediar protestas contra el proceder de la justicia en Huanta”, se inclinó el jefe de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho, David Pacheco, en conversación con AP. En marzo pasado y en 2021, los transportistas protestaron porque la Fiscalía permitió la liberación de asaltantes de carreteras, en una zona con elevados índices de robos.
El titular de la Defensoría local explicó que la población se siente desatendida pero también incomprendida por los operadores de justicia. Hay “usuarios que son víctimas o investigados no son atendidos oportunamente, mucho menos si son quechuahablantes, todo esto genera un rechazo al sistema de justicia”, añadió Pacheco.
La mayoría de la población habla quechua, la lengua de los Incas, en la región Ayacucho donde está Huanta, pero las autoridades atienden en español. Ambos son idiomas oficiales. También reprocha Pacheco que la policía se niega a menudo a recibir denuncias en quechua.
“Es bastante curioso, los funcionarios hablan quechua, pero no lo utilizan”, apunta sorprendido el funcionario de la Defensoría. “Se ha acostumbrado a que el personal de vigilancia o de limpieza hagan de traductores”, añadió Pacheco.
El acceso a la justicia es donde más se percibe la desigualdad entre peruanos. Un 83% considera “muy desigual” el acceso de los peruanos a la Justicia, por encima del acceso a la salud o al trabajo, según un sondeo de percepción de desigualdades realizado a 1.530 peruanos entre mayo y junio de 2022 por el Instituto de Estudios Peruanos.
