MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
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Mientras tanto, ha apuntado, el presidente Pedro Castillo no podrá considerar que el "rechazo de plano" por parte de la Cámara supuso la primera confianza denegada.
"Este es un proceso competencial, un conflicto de competencias, entonces aquí lo que está en discusión es quién tiene la competencia para interpretar, definir, si es que ha habido la denegación de confianza. El Congreso aprobó presentar esta demanda competencial y la hemos admitido y paralelamente presentar una medida cautelar", ha explicado en una entrevista en la emisora RPP.
La norma otorga un plazo de 30 días hábiles para que las partes contesten a la notificación, tras lo que el Tribunal Constitucional tiene otros 10 para convocar a una audiencia pública donde las posiciones enfrentadas expongan sus razones, después de lo que se cuenta con 30 días más para resolver, ha explicado.
"Cumpliendo el máximo, más o menos estamos hablando del 8 de marzo; sin embargo, después de la audiencia pública el caso ya queda expedito para evaluarse. Como dicen los que solicitan medidas cautelares, hay muchas variables porque el Ejecutivo mantiene sus competencias para presentar sus cuestiones de confianza", ha indicado.
Así, ha detallado que el tribunal ha tenido en cuenta las declaraciones del expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres sobre un posible cierre del Congreso, pero que ha sido el argumento de tomar la primera denegación como negativa a plantear una cuestión de confianza, fue el principal.
Esta semana el pleno del Tribunal dictó una medida cautelar a favor del Congreso mientras llega la decisión sobre la demanda competencial, una medida que consideró adecuada para evitar "los graves efectos institucionales" que podrían derivarse de la competencia tras el "rechazo de plano".
