Desde hace más de un año, autoridades mexicanas investigan a dos militares de un área de contrataciones por presunto lavado de dinero de más de 200 millones de pesos, según dijo esta semana ante el congreso Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública, el área de control interno del ejecutivo.
Salcedo indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibió una denuncia por parte de la unidad gubernamental especializada en investigaciones financieras y que el ejército abrió seis expedientes sobre este asunto.
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Hizo estas declaraciones en respuesta a preguntas de los parlamentarios durante una comparencia ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación que tuvo lugar el martes. Explicó que el 30 abril 2021 se inició un proceso de responsabilidad administrativa por posibles faltas “graves” a dos servidores públicos del área de contrataciones.
Salcedo, responsable de un órgano de control que solo abre procesos administrativos, dijo a los parlamentarios que no podía dar más información sobre las investigaciones por ser procesos en marcha. No explicó las circunstancias concretas en que se cometió el lavado de dinero.
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Agregó que la unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena presentó ante la justicia militar una denuncia contra de esos funcionarios.
Este caso se había puesto de manifiesto en documentos filtrados en septiembre por el grupo de hackers Guacamaya, 10 terabytes de información que incluyen correos electrónicos de las fuerzas armadas de México y otros países de América Latina. El presidente mexicano confirmó la veracidad de tales documentos.
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La confirmación de este caso de presunto lavado de dinero tiene lugar en medio de las críticas por un aumento del poder de las fuerzas armadas a las que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dejado de encargar nuevas labores desde que llegó al poder hace cuatro años.
Ahora se encargan no solo de tareas de seguridad interior y policiales sino de la construcción de grandes infraestructuras, la gestión del nuevo aeropuerto de la capital, el control de las aduanas y los flujos migratorios, el cultivo de plantas o incluso de gestionar el turismo a unas islas donde hubo una colonia penitenciaria.
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El presidente López Obrador defiende estas mayores atribuciones porque dice que los militares son más incorruptibles y aunque han surgido escándalos que involucran a miembros del ejército — como su presunta participación en la desaparición de 43 estudiantes en 2014 —, López Obrador mantiene que son casos aislados que no afectan al resto de la institución.