QUITO (AP) — El presidente de Ecuador Guillermo Lasso firmó el martes el decreto ejecutivo que convoca a consulta popular con ocho preguntas enfocadas, principalmente, en la seguridad pública, por el contexto de violencia de su primer año y medio de mandato. La iniciativa implica una reforma a la constitución y recibió el rechazo de la Corte Constitucional en tres de las 11 cuestiones iniciales.
Las interrogantes abordarán temas de “seguridad, mejor representación y permitirán el cuidado del medio ambiente”, promocionó el mandatario ecuatoriano en su cuenta de Twitter.
La Corte Constitucional se pronunció antes para rechazar y descartar tres de las 11 preguntas que Lasso quería someter a referendum. El ente que vela por la constitucionalidad de las normas exhortó al presidente de la República a presentar esas tres preguntas en el Legislativo a través de una propuesta de ley.
Lasso llegó al poder en mayo de 2020 y en un año y medio de gestión ha visto caer sus niveles de aprobación desde un 71% al inicio de su mandato, según la encuestadora CEDATOS GALLUP, hasta un 17%, según Perfiles de Opinión.
Las ocho preguntas que irán a consulta, una vez que el Consejo Nacional Electoral llame a votaciones en un plazo de 15 días y fije la fecha del referendum, plantean a los ecuatorianos, en primer lugar, si están de acuerdo o no con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado.
El gobierno atribuye a la influencia de estructuras delictivas trasnacionales los niveles de violencia que han atemorizado a la población y que han justificado la declaratoria de una sucesión de estado de excepción en varias provincias del país.
Además, se consulta a la población si está de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía del Estado a través de la creación de un consejo Fiscal, con reducir el número de asambleístas -son 137- o con exigir a los movimientos políticos un número mínimo de afiliados del 1,5% para su registro electoral.
Pregunta también por la eliminación de la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades de control -como el contralor, el fiscal general o los superintendentes- y, a la vez, por la modificación del proceso de designación de los integrantes del ese organismo considerado como el quinto poder del Estado.
En paralelo a las cuestiones de política y de entes de control, la iniciativa presidencial incluyó una pregunta sobre la implementación de un “subsistema de protección hídrica” en las áreas protegidas y la entrega de compensaciones a las comunidades y pueblos por la generación de servicios ambientales.
El abogado constitucionalista Ismael Quintana es crítico en cuanto a la pertinencia de la consulta popular por considerar que únicamente las dos preguntas relacionadas al Consejo de Participación tendrían relevancia. Suponen el traslado de una facultad nominadora de autoridades de control del CPCCS a la Asamblea Nacional.
En respuesta a The Associated Press, el experto analizó el planteamiento del Ejecutivo y rechazó que con una pregunta sobre la disminución de asambleístas se pretenda fortalecer la democracia como ha señalado el mandatario. La calidad de la representación, cuestionó, no mejora bajando la cantidad de asambleístas sino con el “fortalecimiento de partidos políticos”. Reprochó que “se coloca a cualquier persona como candidato”.
En torno a las preguntas sobre los recursos hídricos y medio ambiente, el jurista dijo que estas ya constan en la legislación vigente.
Sobre la extradición de ecuatorianos implicados con el crimen organizado, admitió que puede servir “en algo” para "combatir el delito del narcotráfico”, pero recordó que delitos como el peculado y narcotráfico “no son extraditables”.
Otras, como la pretendida autonomía de la Fiscalía, se refiere solo al tema administrativo, pero “seguirá siendo parte de la función judicial”, de la cual dependerá su presupuesto, por lo que se creará “otro órgano con las mismas funciones”, opinó.
La última consulta ciudadana que se realizó en Ecuador fue en 2017, durante la gestión de Correa (2007-2017).