BOGOTÁ (AP) —
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El presidente colombiano Gustavo Petro pidió perdón el miércoles en nombre del Estado a las víctimas de dos masacres perpetradas en la década de 1990 por grupos paramilitares que asesinaron a decenas de personas sin encontrar oposición por parte de los militares que custodiaban la zona.
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“El Estado colombiano reconoce que los muertos no eran enemigos de nadie, eran gente humilde y trabajadora. Que los mataron por designio del poder y que en sus muertes... estuvo el Estado presente, fue cómplice del asesinato a través de funcionarios públicos”, dijo Petro ante los familiares de las víctimas en Medellín, la capital del céntrico departamento de Antioquia.
Con el acto público, Petro cumplió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2006 falló en contra de Colombia y le ordenó pedir perdón públicamente a las víctimas de dos masacres cometidas en Ituango, Antioquia, en 1996 y 1997.
Petro reclamó justicia en los procesos penales en Colombia y lamentó que las víctimas hubieran encontrado respuesta solo al recurrir a un tribunal internacional.
Los grupos paramilitares atacaron a los pobladores de las zonas rurales de El Aro y La Granja acusándolos de apoyar o pertenecer a guerrillas. En la zona de conflicto la población civil se encontraba en la mitad y de los dos bandos.
Un grupo de paramilitares armados con fusiles llegaron a La Granja en junio de 1996. Recorrieron la zona y pasaron a corta distancia de un comando de la policía sin que la fuerza pública los detuviera. Luego los armados ordenaron cerrar los establecimientos públicos y al tomar el control “inició una cadena de ejecuciones selectivas, sin que se encontrara oposición por parte de la Fuerza Pública”, indica la sentencia de la Corte IDH.
Al año siguiente, en octubre de 1997, un grupo de aproximadamente 30 hombres armados y vestidos con prendas de uso militar llegaron a El Aro y asesinaron de forma selectiva a habitantes de la zona que se encontraban en sus propiedades rurales. Luego reunieron a los habitantes de El Aro en el parque central del pueblo y continuaron asesinando.
Miladys Restrepo, hermana de Wilmar de solo 14 años cuando fue asesinado en la masacre de El Aro, recordó en el acto público que en ese octubre su hermano salió a trabajar sembrando hortalizas cuando “paramilitares y miembros del ejército se lo llevaron” obligándolo a cargar sus equipajes.
Más tarde, el joven fue asesinado tras acusarlo falsamente de guerrillero. ”(Los paramilitares) dijeron que nos dejaban ir a recoger a nuestros familiares (muertos), pero que no podíamos llorar, porque si lo hacíamos pagábamos con la cabeza”, agregó la víctima que tuvo que huir con el resto de su familia.
En El Aro los paramilitares incendiaron algunas casas del casco urbano y robaron el ganado de las familias —del que dependían económicamente al ser una población ganadera y agrícola—. Cientos de personas se desplazaron tras las masacres.
Restrepo resaltó que el acto público de perdón no se había realizado en más de una década por “falta de voluntad de parte de los anteriores mandatarios” y reclamó para Ituango mayor financiación que permita construir un centro de salud y carreteras.
Petro, primer presidente de izquierda en Colombia, calificó al Estado colombiano de “asesino” y agregó que el paramilitarismo no hubiera existido en Colombia “sin voluntad política”.
Las Autodefensas Unidas de Colombia, paramilitares que perpetraron las masacres, sumaban en sus filas más de 13.000 miembros en todo el país. En 2005 aceptaron desmovilizarse y entregar las armas. En la actualidad algunos grupos criminales que operan son herederos del paramilitarismo.
El conflicto armado colombiano que se extendió por cinco décadas dejó más de ocho millones de víctimas. Recientemente la Comisión de la Verdad, un órgano estatal y extrajudicial, reveló que hubo 121.768 personas desaparecidas, 450.664 asesinadas y 7,7 millones desplazadas forzosamente.
