BRUSELAS, 29 (EUROPA PRESS)
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La Comisión Europea dará finalmente este miércoles luz verde al plan de recuperación de Hungría --tras dos años en punto muerto por la deriva autoritaria del Gobierno de Viktor Orban--, pero lo hará vinculando el desembolso de los fondos a reformas de lucha contra la corrupción y el fraude que Bruselas le exige a Budapest en un proceso paralelo para liberar otros 7.500 millones de euros en fondos regionales.
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La opinión favorable de Bruselas supone el primer paso para que Hungría pueda acceder a 5.800 millones de euros de euros del fondo anticrisis de la Unión Europea pero, además del visto bueno del Colegio de Comisarios este miércoles, necesitará la aprobación por parte de los Veintisiete en la reunión de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) del próximo 6 de diciembre.
En todo caso, la recomendación del Ejecutivo comunitario dejará claro que no habrá "ningún desembolso hasta cumplir con todos los hitos" fijados, según han informado a Europa Press fuentes comunitarias, que precisan que habrá un total de 27 medidas concretas que Hungría tendrá que cumplir antes de poder recibir el primer pago de los fondos.
En concreto, las medidas incluirán las 17 "medidas correctivas" o reformas que la Comisión Europea ha pactado con el Gobierno de Orban como parte del mecanismo de condicionalidad que permite congelar fondos regionales si hay riesgo de fraude o corrupción con ellos en el país beneficiario.
Se trata de reformas aprobadas contrarreloj por Hungría en noviembre pero cuyo desarrollo aún quieren observar desde la Unión Europea. A estas medidas, además, se sumarán otra decena de hitos diseñados para "reforzar la independencia de la judicatura", han precisado las fuentes.
7.500 MILLONES DE COHESIÓN, CONGELADOS
Pese al desbloqueo del plan de recuperación, los servicios comunitarios mantendrán sin cambios su recomendación al Consejo para que suspenda hasta 7.500 millones de euros en fondos de Cohesión previstos para Hungría por las deficiencias en la lucha contra la corrupción de sus autoridades y el riesgo de fraude.
Bruselas planteó esta congelación de fondos en septiembre pero dio margen al Gobierno húngaro para poner en marcha durante el mes de noviembre una serie de reformas en materia de anticorrupción y de refuerzo de los mecanismos de control para resolver las irregularidades detectadas.
El plazo para notificar el avance de las reformas negociadas con Budapest concluyó el pasado 19 de noviembre y, a falta de que se comunique el resultado del análisis, el Ejecutivo comunitario no contempla cambiar su dictamen.
Esta opinión tampoco es definitiva porque debe ser refrendada también por el Ecofin, por lo que los ministros económicos tendrán, salvo sorpresas de última hora, los dos dosieres paralelos sobre la mesa de su reunión de diciembre.
Aunque el Ejecutivo comunitario se resiste a comentar públicamente el modo en que quiere vincular los dos asuntos al control del Estado de derecho y la lucha contra la corrupción en Hungría, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ya apuntó la pasada semana en una comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo la posible solución.
Reynders explicó a los eurodiputados que la Comisión estaba "preparada para tomar una decisión tan pronto como sea posible" y que la intención es que los "hitos" que fijan las condiciones para desembolsar los tramos del plan anticrisis "reflejen plenamente también las medidas correctivas" propuestas por Hungría "en el procedimiento de condicionalidad", esto es, en el diálogo sobre la suspensión de los 7.500 millones de euros de fondos regionales.
Los hitos y objetivos del plan húngaro, por tanto, permitirán un "desembolso vinculado al cumplimiento" ligado a las medidas correctivas y también al "refuerzo de la judicatura", remachó el comisario de Justicia.
Fue el 18 de septiembre cuando el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, anunció que la Comisión Europea pedía congelar hasta 7.500 millones de euros de los fondos europeos de cohesión previstos para Hungría en el periodo 2021-2027.
Esta cuantía se corresponde con el 65% del dinero comprometido para tres programas húngaros de la política de Cohesión y la prohibición de concluir licitaciones de interés público con gestión directa o indirecta de programas europeos.
