QUITO (AP) — Con la incorporación de 1.460 guías al cuerpo de vigilancia penitenciaria de Ecuador, el gobierno anunció el lunes que aspira a mejorar el control de la violencia en las 36 cárceles del país. El refuerzo alivia solo parcialmente el déficit de personal en un sistema penitenciario con un hacinamiento de 2.000 presos más respecto de su capacidad máxima.
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“Seguiremos combatiendo al crimen organizado hasta terminar con el dominio de las mafias que operan y ordenan el cometimiento de delitos desde las prisiones ”, aseguró el lunes el presidente Guillermo Lasso durante la ceremonia de graduación de los nuevos agentes. Según el anuncio oficial, se ha considerado una inversión de 16 millones de dólares.
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Lasso mencionó que es una “solución integral” para tener el control y acabar con los hechos de violencia de los últimos tiempos, al duplicar el personal penitenciario.
Sumados a los 1.600 agentes ya existentes, Ecuador alcanzaría ahora la cifra de 3.060 funcionarios penitenciarios para una población de 32.000 detenidos. El estándar de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda un guía por cada 10 presos, una brecha que persiste en Ecuador tomando en cuenta que los funcionarios deben realizar mínimo dos turnos de vigilancia.
El presidente Lasso prometió también otras 1.000 incorporaciones para 2023 y aseguró que el hacinamiento ha disminuido del 26%, con el que recibió en su mandato, al 6%. No obstante, las cárceles han pasado de tener 35.000 internos (16 % de hacinamiento) a 32.000. La capacidad máxima es de 30.000 para todo el sistema penitenciario.
Los nuevos guías fueron capacitados durante casi cinco meses, se explicó en su presentación, con instructores de Francia, Italia, Portugal, Chile, Colombia, así como la Cruz Roja y la Unión Europea en temas de psicología, derechos humanos, solución de conflictos, defensa táctica o manejo de crisis. Lasso agradeció la cooperación internacional y de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.
Uno de los mayores desafíos para el sistema de rehabilitación social ecuatoriano será erradicar la corrupción dentro del cuerpo de vigilancia penitenciaria.
Entre finales de 2021 y lo que va de 2022, dos agentes, un hombre y una mujer, fueron detenidos intentando ingresar sustancias ilícitas en la cárcel de Cuenca y de Latacunga, respectivamente. También un guía penitenciario fue detenido por introducir un celular en la cárcel de Quevedo, mientras otro guía quiso ingresar cigarrillos y dinero en efectivo a la cárcel del Inca, en Quito.
El propio presidente advirtió sobre esta realidad a los nuevos agentes. “Desde el primer minuto en que ustedes ingresen a los centros de detención penitenciaria serán sujetos de tentación, primero económica, de amenaza a ustedes y a sus familias, probablemente de agresión y de falta de respeto a la autoridad”, dijo.
El director del Servicio de Atención Integral de Adultos Privados de la Libertad (SNAI), Guillermo Rodríguez, les instó cuidar su honor, su nombre y su honra, “porque los principios, los valores, la ética no se negocian”, afirmó.
Consultada por The Associated Pres sobre las estrategias para evitar que los guías sean captados por las redes delincuenciales, la ex directora de Rehabilitación Social, Itania Villarreal, manifestó que debe haber participación de inteligencia penitenciaria, contrainteligencia de la policía nacional.
Propuso pruebas integrales del polígrafo y de confianza semestralmente frente a la influencia e impacto de las bandas de crimen organizado que están en el interior de las prisiones y que, añadió, hicieron del 2021 uno de los años “más sangrientos” en el sistema de rehabilitación social.
Ese año más de 300 presos fueron asesinados en enfrentamientos entre internos de diversas bandas. En 2022, sobrepasan los 100.
Lady Zúñiga, ex presidenta del Consejo de Rehabilitación Social, señaló a AP que es importante examinar el proceso de selección y capacitación que han atravesado los nuevos guías para minimizar los riesgos de involucramiento en actos de corrupción.
La también ex ministra de Justicia enfatizó en la necesidad de establecer un centro de formación profesional, que les permita hacer una carrera y fijarse un proyecto de vida que impida que sean “presa fácil” de los grupos delictivos.
En paralelo al anuncio, el comandante de Policía, Fausto Salinas, informó en una rueda de prensa sobre una toma de cuatro rehenes la noche del domingo en un hospital de Manabí por parte de sujetos armados. El episodio no dejó víctimas ni heridos y los responsables fueron sometidos por la policía en la misma noche del domingo.
Según la explicación policial, ingresaron en busca de un miembro de una banda contraria, que días antes fue atendido en la casa de salud.
