QUITO (AP) — Ecuador repatrió a Panamá y México a siete presos con lo que reactivó este beneficio penitenciario en cumplimiento de convenios internacionales y en busca de disminuir el hacinamiento en las cárceles del país.
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La madrugada del viernes cinco mexicanos sentenciados por tráfico de drogas fueron entregados a Interpol de México, mientras el jueves dos reclusos panameños que cumplían una pena por el mismo delito fueron repatriados a su país de origen donde culminarán sus condenas, informó a The Associated Press el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI).
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Ecuador también recibió a dos reclusos provenientes de El Salvador y se espera que en las próximas semanas se concrete la repatriación de cuatro ecuatorianos detenidos en Estados Unidos, también por delitos relacionados con el tráfico de drogas, informó a AP el director de Beneficios Penitenciarios del SNAI, Mario Torres.
Entre otras razones, la falta de presupuesto había impedido que en lo que va del año se otorgara este beneficio que, junto a otros como los indultos, se establecen en el convenio de Estrasburgo sobre el traslado de personas condenas y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de los cuales Ecuador es suscriptor.
Según la normativa, los beneficiarios de la repatriación deben ser requeridos por sus países de origen y es fundamental la voluntad de la persona que cumple la condena acceder al mismo. “No es obligatorio, porque si no se convertiría en una deportación o extradición", aclaró Torres.
“Existe una política pública sobre la disminución del hacinamiento y Ecuador está contribuyendo a que esas repatriaciones pasivas salgan” para mejorar las condiciones de la población penitenciaria, agregó el funcionario. Indicó que existe la disposición de colaborar con los Estados que solicitan dichos beneficios.
Rosa Bolaños, representante de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), afirmó que si bien el objetivo de los beneficios penitenciarios es favorecer “los arraigos familiares” en las personas privadas de la libertad, aun falta una coordinación entre el SNAI y la función judicial por lo que “se pierden este tipo de instrumentos internacionales”.
Sobre un efecto en la disminución del hacinamiento carcelario, Bolaños indicó que no existen datos reales sobre la población penitenciaria y cuestionó el hermetismo en el cual se realiza el censo penitenciario por parte del gobierno.
El sistema carcelario de Ecuador está diseñado para alrededor de 30.000 reclusos, sin embargo, cerca de 35.000 se encuentran en todas las prisiones del papis, que enfrenta una crisis penitenciaria que se agudizó desde 2021 cuando iniciaron los motines que han dejado hasta la fecha más de 400 internos asesinados.
