BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)
La llamada de atención de la agencia antifraude europea se produce en pleno debate en el seno de la UE sobre la congelación de fondos al Gobierno de Viktor Orban por los problemas de fraude y corrupción con el uso de recursos comunitarios, un asunto por el que Bruselas propuso congelar hasta 7.500 millones de euros en fondos regionales.
La decisión, que recae sobre los 27, está en suspenso a la espera de que los servicios comunitarios reevalúen si Budapest ha cumplido con las reformas que prometió para evitar esta sanción, ya que las autoridades del país tenían hasta el pasado 19 de noviembre para aprobar y poner en marcha los cambios legislativos necesarios.
En todo caso, las irregularidades detectadas en la investigación de la agencia antifraude europea apuntan a problemas en cuatro proyectos desarrollados durante varios años, desde "errores de planificación y diseño" hasta el incumplimiento de los objetivos de eficiencia y protección medioambiental establecidos.
"Problemas con los proyectos provocaron varios incendios, con emisiones peligrosas y un impacto muy negativo en la calidad del aire, además de un olor terrible que ha sido una molestia para los habitantes de los municipios aledaños durante años", según ha relatado el director general de OLAF, Ville Itälä, en un comunicado.
Según los expertos europeos, los proyectos incluían la instalación de una unidad de tratamiento mecánico-biológico de residuos para la producción de biocombustibles, que luego serían vendidos para la producción de energía.
Sin embargo, debido a la baja calidad de los combustibles gran parte de la producción no encontró salida tras su tratamiento y quedó en la planta de gestión de residuos, lo que provocó más tarde dos incendios graves, el primero de los cuales arrasó con la infraestructura financiada con fondos de la UE, aunque luego el operador la reconstruyó por su propia cuenta.
Otra de las irregularidades apunta a que tras los fuegos y otras averías frecuentes de la tecnología disponible llevaron a la destrucción de grandes cantidades de residuos biológicos en el mismo depósito sin que hubieran sido previamente tratados como corresponde.
El análisis de OLAF indica también que hubo manifestaciones sociales en protesta por los incidentes hasta el punto de que el responsable del proyecto decidió finalmente no utilizar más la planta de tratamiento y optó por transportar cerca del 60% de los residuos comunales a otro lugar, en contra de los objetivos del proyecto.