MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Entre estas protestas "ilícitas" está a la acampada en el Cuartel General del Ejército de Brasilia en la que se han escuchado consignas golpistas y de intervención militar contra las instituciones. De Moraes también ha dado diez días de plazo a la Policía Federal para que tome declaración a los sospechosos.
De Moraes considera que se está haciendo un "abuso reiterado del derecho a reunión", utilizándolo además de forma "ilícita" y "criminal" para llamar al no reconocimiento de los resultados de las elecciones, avalados por el Tribunal Superior Electoral (TSE), cuenta O Globo'.
Asimismo, sostiene que el desplazamiento "coordinado" de camiones a Brasilia para llevar a cabo una "reunión ilícita" en los alrededores de las instalaciones del Ejército "con el fin de romper el orden constitucional --incluyendo peticiones de una 'intervención federal'-- a través de una interpretación absurda" de la Constitución, puede ser constitutivo de delito.
En su decisión, De Moraes ha hecho mención a la información recabada por la Policía de Carreteras de Brasil en la que varios empresarios "estarían financiando los actos antidemocráticos que están siendo analizados", ya fuera a través de servicios de manutención y hospedaje, o del suministro de estos vehículos.
Desde el pasado 30 de octubre, miles de seguidores de Jair Bolsonaro han estado bloqueando entre rezos y reclamos de una intervención militar las principales carreteras y autovías del país, llegando incluso en algunas regiones a colocar a menores de edad como una suerte de escudos humanos.
Bolsonaro tuvo que salir pocos días después a desautorizarles, mientras que Lula da Silva, vencedor de los comicios, reprochó a los manifestantes no saber siquiera por qué protestaban y les exigió "deportividad" para aceptar los resultados.
Estas concentraciones han dejado imágenes polémicas como la de decenas de personas jurando bandera bajo el saludo nazi en Santa Catarina, estado en el que Bolsonaro logro el 69 por ciento de los votos en las elecciones.