LIMA (AP) — Las víctimas de represión durante las protestas de noviembre de 2020 en Perú, las cuales generaron la renuncia del entonces presidente Manuel Merino, denunciarán al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana, anunciaron el lunes 14 al cumplirse dos años de la ola de manifestaciones que cobró la vida de dos jóvenes.
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La demanda busca abrir un camino para que la justicia peruana procese a Merino por homicidio luego de que el Congreso peruano frenó la indagación al exmandatario en julio pasado, al aprobar un informe que recomendó archivar la denuncia de la fiscalía.
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Del mismo modo, la denuncia apunta a que se investigue a los entonces ministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez, quienes también resultaron beneficiados con el informe que presentó el Parlamento.
“Es una petición contra el Estado peruano por haber generado un mecanismo de impunidad en cuanto a las responsabilidades penales de Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez. Lo denunciamos por su responsabilidad al tomar esa decisión el Congreso”, contó el abogado Carlos Rivera, representante de las víctimas, a The Associated Press.
El Congreso peruano archivó la denuncia que planteó la fiscalía contra Merino, quien gobernó cinco días en noviembre de 2020 y dimitió tras la muerte de dos jóvenes manifestantes, Inti Sotelo y Brian Pintado, cuando la policía reprimía las protestas. La fiscalía necesitaba la aprobación del Parlamento para continuar con la pesquisa debido a la inmunidad que poseen presidentes y ministros.
El informe parlamentario, elaborado por el derechista Alejandro Cavero, consideró que ni Merino ni sus ministros ordenaron la brutalidad policial que se registró en las protestas.
“La decisión del Congreso archivó definitivamente la posibilidad de que se les procese", explicó Rivera. "No hay forma de activar eso en Perú. Por eso, activamos un mecanismo de carácter internacional”.
La Comisión Interamericana debe evaluar la denuncia y, si le da la razón, acusar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, el tribunal puede ordenar a Perú que se procese a Merino y sus exministros.
“Es un proceso largo”, reconoce Rivera.
Merino tomó el poder luego que el Congreso, el cual presidía, destituyó el 9 de noviembre de 2020 a su antecesor Martín Vizcarra con el argumento de vacancia por incapacidad moral, tras acusarlo de recibir sobornos una década atrás.
La llegada de Merino al poder desató protestas durante más de una semana por parte de un sector de la población que lo consideró usurpador. Merino renunció el 15 de noviembre de 2020, un día después de que las protestas dejaran un saldo de dos muertos y más de 200 heridos. Según la fiscalía, la policía disparó perdigones, canicas de vidrio y gases lacrimógenos.
La fiscalía consideró a Merino presunto autor de homicidio, lesiones por omisión y de no adoptar medidas para controlar el uso desproporcionado de la fuerza policial pese a las alertas. Además, identificó a 78 lesionados durante las manifestaciones de noviembre.
