SANTIAGO (AP) — Los funcionarios de la salud municipal, que atiende al 77% de los chilenos, pararon el martes en todo el país en protesta por los insuficientes recursos considerados en el presupuesto de 2023.
PUBLICIDAD
La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM), que convocó a la huelga, reúne a más de 50.000 trabajadores responsables de atender a unos 15 millones de personas que dependen del sistema de salud público. Los restantes cuatro millones de chilenos acuden a la salud privada.
PUBLICIDAD
En los consultorios de atención primaria sólo se recibían emergencias o pacientes que tenían una cita previa. Un número indeterminado de personas vulnerables se quedaron sin los medicamentos que se les entregan mensualmente y que debían retirar el martes.
Gabriela Flores, presidenta de la CONFUSAM, calificó de insuficientes los 10.000 pesos (11,2 dólares) por persona incluidos en el presupuesto y opinó que en el gobierno del presidente Gabriel Boric “no valora la salud”.
El subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, defendió el presupuesto per cápita en salud para 2023. Afirmó que el gobierno subió de 9.700 a 10.000 pesos (de 10,8 a 11,2 dólares) el dinero para la atención por persona en los 346 ayuntamientos del país. “Estamos muy convencidos de que este es un prepuesto en el cual se ha hecho un esfuerzo sustantivo” afirmó.
El incremento se acordó el viernes en una comisión mixta de diputados y senadores que discuten la aprobación del presupuesto para el próximo año, aunque la CONFUSAM llamó al Congreso a elevar la partida para la salud primaria.
La CONFUSAM señaló que el incremento aún no representa el aumento de costos ni la inflación cercana al 12% con la que Chile cerrará el año tras vivir por décadas con un alza del costo de la vida anual de un 3,0%. Flores exigió que el monto por persona sea elevado a 10.500 pesos (11,76 dólares).
El programa de gobierno de Boric plantea una reforma estructural que incluye la creación de un Fondo Universal de Salud para generar una mayor equidad en el acceso a los servicios de salud y una mejor atención. El plan depende de la aprobación de una reforma tributaria que es tramitada en el Congreso.
Los países de la región destinan en torno al 3,8% del Producto Interno Bruto a la salud pública. Sin embargo, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud el monto debería ser de un 6,0%. Sólo Cuba y Uruguay superan la meta.
