SAN SALVADOR (AP) — Un juez penitenciario de El Salvador decretó el lunes la libertad condicional anticipada para un militar condenado por la matanza en 1989 de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, perpetrado por un comando del ejército. Fue sentenciado a 30 años de cárcel y ha cumplido 10 años en prisión.
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“Se hizo la audiencia especial y hubo el otorgamiento del beneficio de libertad condicional anticipada porque se habían cumplido los parámetros la Ley Penitenciaria: haber cumplido más de 60 años y un tercio de la condena”, explicó a los periodistas el abogado defensor David Campos sobre el beneficio concedido al coronel Guillermo Benavides, de 77 años.
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Benavides, que aún espera a formalizar su liberación, deberá ahora cumplir parámetros de conducta y estar siempre bajo la vigilancia del juzgado.
En un juicio considerado poco transparente, el coronel Guillermo Benavides, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón elite Atlácatl, entrenados en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza. En 1991, un jurado absolvió a siete de los acusados.
Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron condenados, pero recuperaron la libertad en 1993 por la ley de amnistía general para la consolidación de la paz promovida por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994). La norma se aprobó después de publicarse un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que investigó y documentó la masacre y responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, durante la ofensiva general de la guerrilla, militares ingresaron al campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y asesinaron a cinco jesuitas españoles, entre ellos el ideólogo de la llamada “Teología de la Liberación”, Ignacio Ellacuría, además de un jesuita salvadoreño, la cocinera y la hija de ésta.
Los jesuitas han batallando para que se reabriera el juicio y se investigara a los autores intelectuales y al mismo expresidente Cristiani, pero todos los esfuerzos recibieron la negativa de los jueces y de la misma Corte Suprema de Justicia amparándose en la ley de amnistía,
Todo parecía que había cambiado luego de que en 2016 la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley de amnistía, que impedía que se procesara a los involucrados en crímenes de guerra. La comunidad jesuita buscó la reapertura del juicio, pero sin lograrlo. Las autoridades capturaron nuevamente al coronel Benavides y la condena quedó en firme.
En febrero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordenó a la Sala de lo Penal modificar la resolución del 8 de septiembre de 2020 que impedía investigar a los autores intelectuales de la matanza y decretaron el sobreseimiento definitivo.
Pero con la orden, se reabrió el caso y el Ministerio Público presentó una acusación contra el expresidente Cristiani y un grupo de personas, a las que vinculan con la masacre. Solo siete militares en situación de retiro se presentaron a la audiencia. Ni el exmandatario ni el exdiputado de la Asamblea Legislativa Rodolfo Parker acudieron. Tampoco enviaron a sus abogados para ser notificados de los delitos que se les imputan y se ordenó su captura.
En una declaración pública divulgada el mismo día, el exmandatario rechazó nuevamente las acusaciones y adelantó que no se presentará ante la justicia bajo el argumento de que no tendría garantías procesales en El Salvador.
Cristiani salió del país en junio de 2021 después de comparecer ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigaba los sobresueldos de exfuncionarios del gobierno. Cuando se reabrió el caso de los jesuitas, su hija Claudia Cristiani publicó algunas fotografías en las que aparece su padre con la alusión geográfica a la “cuna del abuelo” -es decir, Italia- aunque no hay confirmación de que el expresidente esté afincado en el país europeo.
