MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
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Cientos de salvadoreños han exigido este sábado conocer la verdad sobre el asesinato de seis sacerdotes jesuitas --cinco de ellos españoles-- y dos mujeres perpetrado por militares en 1989.
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"La verdad es un derecho del pueblo de saber quiénes fueron los que cometieron estos atroces crímenes (de los sacerdotes y las mujeres) y por qué los cometieron para que no se vuelvan a repetir", ha declarado el rector de la Universidad Centroamericana (UCA) jesuita, el sacerdote Andreu Oliva, según recoge el diario salvadoreño 'El Mundo'.
Los asistentes han portado velas y flores, así como pancartas con los rostros de los sacerdotes asesinados. La marcha ha recorrido las calles del campus de la UCA en el suroeste de San Salvador y en la calle principal del campus alumnos de la UCA elaboraron coloridas alfombras con imágenes de los mártires. En una gran alfombra figura el lema del 33º aniversario del crimen: "Porque la lucha es justa, la esperanza no desfallece".
El Frente Universitario Roque Dalton (FURD) demandó en un comunicado "sacar a luz todas las atrocidades cometidas por el ejército en las dictaduras militares y lo que continuó la derecha neoliberal hasta la actualidad".
"Los sacerdotes asesinados fueron personas buenas que lucharon por los pobres, por eso los recordamos y pedimos justicia", ha apuntado Domitila Cruz, de 67 años, quien llegó a la capital desde la comunidad rural del Bajo Lempa, unos 85 km al sureste de San Salvador.
MASACRE EN EL CAMPUS DE LA UCA
La masacre tuvo lugar en noviembre en la madrugada del 16 de 1989 en el campus de la UCA de San Salvador, la capital del país. Entre las víctimas figura el ideólogo de la Teología de la Liberación, el español Ignacio Ellacuría, entonces rector de la UCA.
También murieron los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, además de los salvadoreños Joaquín López, Elba Ramos y su hija Celina. Todos ellos fueron asesinados en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador por militares del batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño.
En septiembre de 1991, un tribunal juzgó a nueve militares que figuraban como autores materiales sin tener en cuenta a los autores intelectuales, según organismos humanitarios. El coronel Guillermo Alfredo Benavides fue declarado culpable de todos los asesinatos y el teniente Yusshy René Mendoza fue responsabilizado de la muerte de la menor Celina.
Ambos oficiales recobraron su libertad con una ley de amnistía de 1993, pero Benavides fue encarcelado nuevamente para completar su sentencia de 30 años, tras declararse prescrita la amnistía en 2016.
El caso se reabrió el 5 de enero de este año para juzgar a los presuntos autores intelectuales: los exmilitares Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes y Rafael Humberto Larios.
El caso también ha tenido su recorrido judicial en España y en septiembre de 2020 la Audiencia Nacional condenó a 133 años de cárcel al coronel Inocente Orlando Montano Morales.
La guerra civil terminó el 16 de enero de 1992 con la firma de acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. El conflicto dejó más de 75.000 muertos, 7.000 desaparecidos y pérdidas millonarias en la economía.
