LIMA (AP) — Miles marcharon el jueves en apoyo al presidente Pedro Castillo y le exigieron cerrar el Parlamento opositor en respuesta a otra reciente movilización de quienes piden la renuncia del mandatario, a pocos días de la visita de una misión de la OEA que analizará la situación política del país sudamericano.
Cientos de policías antimotines frenaron con bombas lacrimógenas a los manifestantes cuando algunos comenzaron a golpear con palos a los agentes. Luego los que protestaban fueron conminados a retirarse hasta una plaza importante donde la manifestación duró hasta la noche.
“Seguimos luchando para defender a nuestro presidente y para decirle que no está solo y para exigirle que cierre el Congreso que no le deja trabajar”, dijo a The Associated Press Gladys Galván, vendedora de ropa de 44 años que viajó por primera vez desde la andina ciudad región Ayacucho.
Galván dijo que, a diferencia de quienes marcharon contra Castillo el último sábado y que llegaron hasta la zona de protesta en el centro histórico de la capital “en buses con aire acondicionado desde las zonas más ricas de Lima”, ella había arribado “en tres transportes diferentes”, incluyendo a un camión que cargaba papas desde los Andes.
Max Salas, exsoldado del ejército de 54 años y quien llegó desde una comunidad rural de la región Huancavelica, indicó que a Castillo “desde el primer momento que llegó a la presidencia lo han querido vacar y eso me parece injusto". El mandatario ha sobrevivido a dos intentos de remoción desde el Parlamento que no logró destituirlo por no alcanzar los 87 votos necesarios.
“Castillo ha sido agricultor rural, líder sindical y representa un sector importante de la población, entonces yo no podría apoyar al grupo que quiere sacarlo de la presidencia, que representa a los grandes monopolios que nunca han conocido la vida de pobreza y del campo”, comentó.
El Congreso suspendió el miércoles su reunión semanal más importante de los días jueves para evitar posibles actos de violencia.
El último sábado otro grupo de miles de peruanos, la mayoría de ellos residentes en la capital, marcharon exigiendo la renuncia de Castillo, quien es el primer mandatario en ejercicio con cinco investigaciones preliminares de la fiscalía por presunta corrupción, pero que por ley no puede ser acusado ni removido.
Castillo ha señalado en varias ocasiones que quienes piden su renuncia pretenden doblegarlo “con falsas acusaciones” y con “calumnias” en un país que afronta “tremendas desigualdades”.
El 20 de noviembre llegará a Lima una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), integrada por cinco cancilleres para analizar la situación política local, la cual conversará con todos los poderes del estado peruano, organismos autónomos y miembros claves de la sociedad civil para luego elaborar un informe que entregará a su Consejo Permanente.
El 12 de octubre el presidente de Perú, Pedro Castillo, solicitó a la OEA aplicar la Carta Democrática Interamericana para “preservar el legítimo ejercicio del poder” en el país sudamericano.
En Perú, un presidente no puede ser acusado durante su gobierno porque la Constitución en su artículo 117 dice que eso sólo ocurre en caso de traición a la patria, disolución del parlamento por casos diferentes a los permitidos, no convocar a elecciones o por impedir el funcionamiento del parlamento o de los organismos electorales.
Castillo alcanzó en octubre 28% de aprobación, 62% de impopularidad, mientras 10% no respondió, de acuerdo con un sondeo nacional del Instituto de Estudios Peruanos. El gobierno de Castillo empezó en 2021 y está previsto que termine el 28 de julio de 2026.