LONDRES (AP) — En la región de Putumayo, en la Amazonía colombiana, la rutina diaria de Segundo Meneses lo llevó al río Chufiya, sus riberas verdes y aguas llenas de bagres y pirañas. Una mañana, hace siete años, notó una película oscura que lamía la orilla. En una curva, el río se volvía negro. Según él, era una mancha de aceite que enfermó a su joven familia y envenenó a sus vacas y cerdos.
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El bufete de abogados británico Leigh Day está demandando ahora a Amerisur, la compañía petrolera que opera en la región, en nombre de 171 agricultores del Putumayo, incluido Meneses. Ese derrame no fue la única complicación con esta operación petrolera en particular. El pueblo indígena siona que habita la zona rechaza el bombeo de petróleo y han dicho que se opondrán. Esta región también es conocida por la producción de coca y antiguos grupos rebeldes se disputan el territorio de las drogas, a veces interrumpiendo el flujo de petróleo. Luego están los informes de relatores de las Naciones Unidas y un grupo interreligioso sin fines de lucro que dicen que la compañía petrolera, Amerisur Resources PLC, posiblemente trabajó con los rebeldes para presionar a los siona y a los agricultores locales para que dejaran de oponerse a mantener el flujo de petróleo.
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Sin embargo, nada de esto pareció disuadir a una empresa de petróleo y gas de 800 millones de dólares con sede en Chile llamada GeoPark Ltd. de comprar Amerisur hace dos años. GeoPark consiguió el apoyo de bancos para obtener los campos petroleros de Putumayo, lo que indica que incluso con los cambios climáticos afectando amplias áreas del mundo, el respaldo para las actividades que lo causan todavía está disponible. La demanda de crudo sigue aumentando, lo que subraya el atractivo de las compañías petroleras y los bancos para seguir operando como lo han hecho durante décadas.
“Si los bancos ayudan a financiar una empresa como GeoPark, parece que no hay nada que se nieguen a tocar”, dijo Maaike Beenes, responsable de bancos y clima en BankTrack, una ONG ecológica holandesa. Este acuerdo, señala Beenes, levanta numerosas banderas rojas debido al legado de Amerisur, “desde hacer negocios en una zona de conflicto hasta la expansión de combustibles fósiles en ecosistemas sensibles de la Amazonía, y una historia de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas”.
La forma en que GeoPark compró la totalidad de Amerisur, con sede en Gran Bretaña, en enero de 2020, absorbiendo la empresa y manteniendo su marca, es una muestra de cómo algunos bancos apoyan proyectos de combustibles fósiles incluso cuando parecen ir en contra de sus propias políticas.
Citibank e Itaú Unibanco ofrecieron a GeoPark un crédito puente. Luego, la compañía buscó ayuda de los bancos para emitir bonos por 350 millones de dólares para pagar la compra, de acuerdo con datos de Bloomberg y declaraciones públicas. El brasileño Itaú Unibanco y Citibank actuaron como “corredores de apuestas” de los bonos, y el Bank of New York Mellon acordó facilitar los pagos de los mismos. Los corredores de apuestas anuncian bonos, coordinan las órdenes y, en general, utilizan su reputación para generar confianza en las ofertas de bonos.
El acuerdo permitió a GeoPark obtener el principal activo de Amerisur: 11 campos petroleros distribuidos en la cuenca de Putumayo, de gran biodiversidad. Ahora comprenden casi un tercio de los campos de hidrocarburos de GeoPark, el resto repartidos por Ecuador, Argentina, Brasil, Chile y Perú.
Al año siguiente, en 2021, instituciones financieras estadounidenses y europeas ayudaron a GeoPark a reestructurar su deuda, poniendo más dinero a disposición de la empresa. Bank of America, Credit Suisse y JPMorgan asesoraron sobre la emisión de otros 150 millones de dólares en bonos, según muestran los comunicados de prensa de GeoPark.
Incluso ser cliente de bancos tan importantes le dio credibilidad a GeoPark, dijo el excorredor de bonos, Jo Richardson, del Anthropocene Fixed Income Institute, quien analizó datos y documentos del acuerdo.
UN RÍO MANCHADO
En una presentación de documentos ante el Tribunal Superior Británico, Meneses declaró que el río Chufiya era una fuente importante de alimentos para su familia y toda la comunidad.
Pero el río cambió por los acontecimientos de ese día. Según documentos judiciales, un grupo armado atacó cinco camiones cisterna de Amerisur y obligó a los conductores a vaciar sus cargas de crudo en un humedal, y estas llegaron al afluente Agua Negra, y de allí al Chufiya y más allá.
Para la industria petrolera colombiana, los ataques rebeldes a la infraestructura petrolera han sido una plaga durante décadas. Pero los agricultores argumentan que este ataque era previsible, dado el conflicto en curso en la zona. Mucho tiempo después, dicen los cultivadores de yuca y plátano, el agua seguía contaminada.
La pesca se volvió imposible, dijo Meneses, los peces comestibles se fueron.
“Atrapé un pez de 15 kilos (33 libras) y sabía a aceite, y no pude comerlo”, indicó en una declaración jurada.
En la estación seca, la familia no tuvo más remedio que beber y lavarse en el río, lo que les provocó diarrea, salpullido en la piel y dolores de estómago, agregó Meneses.
“Para nosotros el agua es vida”, continuó Meneses. “Tal vez muera mañana, pero mis hijos seguirán viviendo aquí y no quiero que vivan en un área con agua tan contaminada”.
El portavoz de GeoPark dijo que la compañía no ha causado contaminación, mantiene los más altos estándares para proteger el medio ambiente y está comprometida con la compensación por cualquier impacto negativo. Amerisur, ahora Amerisur Resources Ltd, limpió el petróleo derramado, dijo el vocero, y se defenderá en los tribunales. En cuanto a la responsabilidad por hechos pasados, señaló, son “cuestiones de derecho y de hecho caso por caso”.
PETRÓLEO EN ZONA DE CONFLICTO
Para los críticos, los activos de Amerisur nunca debieron encontrar comprador, ni financiamiento. Dicen que hubo numerosas señales de alerta para que los bancos dudaran en ayudar con este acuerdo petrolero. Meses antes de la primera emisión de bonos, los indígenas siona, en la reserva de Buenavista, le dijeron a GeoPark en un comunicado público que no permitirían la producción de petróleo ni operaciones extractivas en su territorio. Señalaron que Amerisur ya había tratado de tomar sus recursos naturales a través de “acciones ilegales y amañadas”. La tribu dijo que protegería su territorio de “graves riesgos debido a los desechos tóxicos” e “impactos en nuestras prácticas espirituales”.
La Corte Constitucional de Colombia reconoce a los siona en riesgo de exterminio. También antes del acuerdo de bonos, un fallo de 2019 encontró que Amerisur dejó explosivos en tierra siona durante los estudios sísmicos. Se ordenó a la empresa el cese de esta actividad. En un tercer caso en curso, los siona de Buenavista dicen que sus tierras se superponen con dos campos petroleros de GeoPark, buscan 52.000 hectáreas (128.000 acres) de territorio en disputa para agregar a su reserva.
GeoPark negó en un correo electrónico estar trabajando en la reserva siona o en las tierras adicionales que buscan. Las relaciones con los indígenas se basan en el “diálogo, el respeto y la generación de confianza”, dijo la empresa. La compañía dice que en 2021 solicitó a Colombia cancelar la concesión del campo petrolero que, según los siona, se superpone a su tierra, y está esperando que esto suceda.
PARAMILITARES EN LA ZONA
La región del Putumayo es también un semillero de cultivos de coca y tráfico de cocaína. Grupos escindidos de la guerrilla de las FARC luchan entre sí por el control del comercio. Una facción, el Comando Fronterizo, figura en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como organización terrorista. En diciembre de 2020, antes del segundo acuerdo de bonos, el informe de una respetada ONG colombiana de derechos humanos hizo un fuerte reclamo. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz alegó que el Comando Fronterizo estaba colaborando con Amerisur para proteger sus operaciones petroleras.
Agricultores desplazados dijeron a la comisión que los rebeldes les habían ordenado que no se opusieran a la exploración de Amerisur, y un rebelde habría dicho que habían negociado con la empresa y asegurarían la operación.
Cinco relatores especiales de derechos humanos de Naciones Unidas también escribieron al jefe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Achim Steiner, advirtiendo: “Existen presuntos vínculos entre la empresa (Amerisur) y los paramilitares presentes en la zona, los cuales han sido denunciados por el Pueblo Siona ante la Corte Constitucional”.
Los relatores de la ONU escribieron: “Los actores económicos se han aliado con los actores armados irregulares para generar, al interior de las comunidades indígenas, actos de violencia que... desplazan a los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales, allanando así el camino para... estos proyectos”.
El medio colombiano de noticias de investigación Cuestión Pública, que trabaja con la organización de noticias Mongabay, informó que dos fuentes independientes dijeron que los paramilitares obligaron a una comunidad agrícola a asistir a reuniones en las que se les ordenó no obstruir a Amerisur y que deberían aceptar cualquier oferta que les hiciera. Otras dos fuentes independientes confirmaron una alianza entre Amerisur y el grupo rebelde, según el medio local.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia, la agencia de derechos humanos del país, publicó una alerta de riesgo en su sitio web diciendo que se han recibido quejas de la comunidad sobre la presión ejercida por “actores armados ilegales” para permitir la extracción de petróleo. Amerisur no fue nombrada en esa alerta. Pero el informe sí señaló que Amerisur es uno de los dos mayores operadores en el área de Putumayo.
GeoPark asegura que cualquier acusación de colaboración con Comando Fronterizo es “100% falsa”. “GeoPark nunca ha tenido ninguna relación con grupos armados ilegales y exige lo mismo de sus empleados y de toda la cadena de suministro”, dijo un vocero.
APOYO BANCARIO
El respaldo de los bancos impulsó a GeoPark. En abril de 2021, James F. Park, entonces director general, dijo en un comunicado de prensa que el acuerdo “demuestra el apoyo y la credibilidad que nos hemos ganado en los mercados de capitales internacionales”. Esto coloca a la compañía en una “posición más fuerte, más flexible, menos riesgosa y menos costosa”, dijo.
Citibank, Itaú Unibanco y el Bank of New York Mellon dijeron que los temas ambientales eran de gran importancia para ellos. Citibank e Itaú también enfatizaron que consideraban seriamente los riesgos sociales y realizaban la debida diligencia. Citi dijo que está fortaleciendo estas políticas. JPMorgan dijo que revisa todos los acuerdos sensibles con los clientes.
Bank of America y Credit Suisse se negaron a comentar.
Mientras tanto, en la selva tropical, continúa el bombeo de petróleo. Meneses y sus compañeros agricultores esperan un juicio antes de Navidad; los tribunales británicos ordenaron a GeoPark que reserve 3,2 millones de libras (3,8 millones de dólares) para pagar si los agricultores ganan.
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La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe el apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido.
