El Salvador comenzó a destruir tumbas con pintadas de pandilleros en cementerios públicos del país para borrar todo vestigio de estos grupos criminales y evitar que sigan aterrorizando a la población.
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“Aquí se retiraron cerca de 80 lápidas de las tumbas que estaban con grafitis que los pandilleros usaban no solamente para venir el Día de los Difuntos sino que ellos venían a hacer rituales satánicos en la semana causando terror a la población”, manifestó a periodistas el miércoles el alcalde de Santa Tecla, Henrry Flores, en el cementerio municipal de esa cuidad.
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“Nuestro plan es que haya cero grafitis para que la gente se sienta segura”, agregó.
Santa Tecla, una de las ciudades más populosas del país, está ubicada en la periferia oeste de San Salvador y por años ha sido unos de los bastiones de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), pero desde que el gobierno inició una campaña de persecución el 27 de marzo la mayoría de sus integrantes está en la cárcel y otros habrían buscado refugio en zonas rurales.
Después de dos años de pandemia El Salvador levantó la mayoría de los controles para visitar los cementerios, aunque unidades de la policía municipal controlaban los ingresos de personas para evitar que porten armas. La policía también realizaba patrullajes preventivos en todos los camposantos.
“Hay mucha alegría para visitar a los familiares que han fallecido. Antes era normal ver a los pandilleros dentro del cementerio, pero hoy no hay peligro”, dijo a The Associated Press Juan Escamilla, quien llegó a dejar flores a la tumba de un familiar.
El viceministro de Justicia y director de Centros Pernales, Osiris Luna, informó en su cuenta de Twitter que con la participación de cuadrillas de reos “en fase de confianza”, apoyados por unidades de la Policía Nacional Civil, procedieron a destruir lápidas y tumbas con distintivos de grupos de pandillas en los cementerios de Santa Tecla y Colón, en el departamento de La Libertad.
“Los terroristas honraban y colocaban flores a sus integrantes en el cementerio de Santa Tecla. Ningún terrorista merece ningún reconocimiento, por eso destruimos todo rastro de estos grupos. En este país, las pandillas ya no tienen cabida”, expresó.
La Policía Nacional Civil informó en sus redes sociales que habitantes de Candelaria de La Frontera, en el departamento de Santa Ana, en el occidente del país, denunciaron que en el cementerio de ese municipio había una tumba con una placa alusiva a la MS-13 y de inmediato se trasladaron al lugar y la destruyeron.
Después de que el 26 de marzo se reportaran 62 homicidios en un día, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en mucho tiempo, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado.
En marzo el Congreso salvadoreño también aprobó algunas reformas al Código Penal para convertir en delito formar parte de una pandilla, lo que puede sancionarse con una pena de 20 a 40 años de prisión. En tanto, los cabecillas pueden recibir condenas de 40 a 45 años.
En los delitos relacionados con el crimen organizado, que incluye a las pandillas, se aplican 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años a los mayores de 12.
Desde la vigencia del régimen de excepción las autoridades dicen haber capturado a más de 56 mil presuntos pandilleros de los cuales 850 ya han sido libertados.
Organizaciones sociales sostienen que en seis meses de este régimen han documentado más de 4 mil casos de violaciones a los derechos humanos y la organización no gubernamental Cristosal afirma que 80 personas han fallecido cuando se encontraban bajo la custodia del Estado.