RÍO DE JANEIRO (AP) — En un discurso por su victoria el domingo, el presidente electo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva prometió revertir un repunte en la deforestación del bosque tropical del Amazonas.
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“Una vez más monitorearemos y vigilaremos la Amazonia. Combatiremos toda actividad ilegal”, dijo el político izquierdista en un hotel del centro de Sao Paulo. “Al mismo tiempo, promoveremos el desarrollo sustentable de las comunidades de la Amazonia”.
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Para lograr esto en su tercer mandato, Lula tendrá que mejorar la aplicación de las leyes de protección al ambiente, enfrentar a un Congreso hostil y vérselas con gobernadores estatales que tienen vínculos estrechos con el presidente derechista Jair Bolsonaro, quien fue derrotado en los comicios.
Si Lula habla en serio, la tarea será inmensa. El área deforestada en la Amazonia de Brasil alcanzó su mayor nivel en 15 años de agosto de 2020 a julio de 2021, según cifras oficiales. El monitoreo vía satélite muestra que la tendencia de 2022 se encamina a superar la del año previo.
En el terreno, el principal reto será reconstruir agencias de protección al ambiente y la oficina brasileña de protección a los indígenas. Lula también prometió crear un ministerio de asuntos indígenas encabezado por un indígena.
Durante el gobierno de Bolsonaro, dichas agencias han sido dirigidas por personas cercanas al sector de la agroindustria, que desde hace tiempo ha presionado para que se legalice el despojo de tierras y se opone a la creación de áreas protegidas, tales como los territorios indígenas.
En 2023, el sector de la agroindustria, que respaldó el intento fallido de Bolsonaro de ser reelegido, controlará aproximadamente la mitad del Congreso. En años recientes, esa bancada impulsó iniciativas para relajar las leyes de protección ambiental.
A nivel estatal, seis de los nueve gobernadores de la Amazonia son aliados de Bolsonaro, la mayoría de ellos fuertemente vinculados con la agroindustria. Uno de ellos, Marcos Rocha, del estado Rondonia, fue reelegido dos días después de que retiró la protección a un área de conservación cuyo tamaño es de aproximadamente el doble que el de la ciudad de Nueva York.
Lula tiene que utilizar el apoyo que recabó en las urnas para promover su agenda ambiental, según Caetano Scannavino, coordinador de Health & Happiness (Salud y Felicidad), una organización sin fines de lucro que apoya proyectos sustentables en la cuenca del río Tapajós.
“La mayoría de los brasileños han expresado su oposición a la deforestación y la violación de los derechos de los indígenas”, le dijo Scannavino a The Associated Press en una entrevista telefónica. “Lula tiene que escuchar este clamor y reunir a académicos, organismos sin fines de lucro y al sector más responsable de la agroindustria. El reto es hacer que el cuidado del medio ambiente sea una política de Estado, independientemente de si gobierna la izquierda o la derecha”.
En el frente internacional, las promesas de Lula de preservar la selva más grande del mundo ya han hallado partidarios. El gobierno noruego indicó que reanudará sus donativos multimillonarios —condicionados a que se obtengan resultados— para financiar las políticas de combate a la deforestación.
“Noruega espera revitalizar nuestra amplia sociedad climática y forestal con Brasil”, escribió el ministro para el Clima y el Ambiente, Espen Barth Eide, en su cuenta de Twitter.
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La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido.
