BOGOTÁ (AP) — Un grupo de ocho militares activos, exmilitares y civiles fueron procesados por presuntamente formar parte de una red que obtenía armas y municiones de fuertes militares para venderlas ilegalmente a grupos armados ilegales, informó el lunes la fiscalía colombiana.
En Colombia el porte de armas está bajo el control del gobierno, que sólo concede algunos permisos a los ciudadanos. Sin embargo, la fiscalía encontró que militares y exmilitares al parecer aprovechaban sus cargos para obtener ametralladoras, fusiles, pistolas y cartuchos para particulares que se encargaban de comercializarlos a grupos ilegales.
De acuerdo con la investigación, el armamento del ejército llegó a manos del cártel Clan del Golfo, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado entre el Estado y esa guerrilla en 2016.
La fiscalía encontró que el dinero de las negociaciones era enviado por giros en efectivo. Uno de los soldados recibió en pocos días alrededor de 586 dólares que según el fiscal no correspondía al pago legal que le hacía el ejército por su salario. En total el ente acusador dice tener evidencia de pagos por más de 10.200 dólares entre 2017 y 2022.
Con el avance de los operativos de captura en varias partes del país, uno de los soldados desertó del ejército, luego de 18 años de servicio, para presuntamente evadir la justicia. El fiscal indicó en una audiencia que el militar adquirió una cédula falsa y huyó de Bogotá para ocultarse con el fin de no ser capturado.
La red ilícita obtuvo las armas de fuertes militares de varias partes del país como Bogotá, Caquetá, Meta, Putumayo y la Costa Atlántica. Las armas y los cartuchos habrían sido almacenados en Medellín dentro de un establecimiento comercial.
Entre los capturados hay un exmilitar y un civil que habrían reincidido, pese a estar condenados por el delito de tráfico de armas. Desde su detención domiciliaria, al parecer, mantuvieron contacto con funcionarios de batallones para “continuar adquiriendo armamento a gran escala”, detalló la fiscalía.
Sólo uno de los imputados aceptó los cargos por los delitos de tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido de uso privativo de las Fuerzas Armadas, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.