Faltan 12 días para las elecciones, pero los tribunales de todo el país ya están lidiando con esfuerzos para sembrar dudas acerca de los resultados.
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Se han radicado más de 100 demandas relacionadas con los comicios de mitad de término del 8 de noviembre. Los cuestionamientos, generalmente de republicanos, se enfocan más que nada en las reglas que rigen el voto por correo, el voto anticipado, el acceso a las urnas, el equipo a ser usado, los empadronamientos, el recuento de votos en ausencia y el acceso de los observadores de los partidos.
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Si ya hay tantos cuestionamientos antes de la votación, es de prever que lo mismo sucederá después. La estrategia parece una reacción a los fallidos esfuerzos de Donald Trump y sus aliados por desconocer una victoria limpia de Joe Biden en los comicios del 2020.
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En esa ocasión, los abogados de Trump, incluido Rudy Giuliani, no estaban preparados para recurrir a los tribunales. Los esfuerzos actuales, en cambio, son más formales, coordinados por el Comité Nacional Republicano (CNR) y aliados de renombre. Los dirigentes del partido dicen que se están preparando para recuentos, cuestionamientos y otros litigios. Miles de voluntarios están listos para buscar pruebas de irregularidades.
“Hemos llegado a un momento en el que los partidos toman en cuenta los votos a ser cuestionados al hacer sus cálculos sobre la participación del electorado”, afirmó Benajamin Ginsberg, copresidente de la Election Official Legal Defense Network y ex asesor de las campañas de George W. Bush y de otros políticos republicanos. “Los republicanos denuncian fraudes. Los demócratas se quejan de que restringen el voto. Y ambos partidos amplifican sus posturas con costosas demandas y declaraciones”.
El CNR dice que tiene un equipo encargado de velar por la “integridad de las elecciones”, por el que paga millones de dólares. Contrató 37 abogados en estados determinantes, realizó más de cinco mil talleres para capacitar a voluntarios en la búsqueda de fraudes, algo que ocurre en casos muy aislados, y presentó 73 demandas en 20 estados. Hay más esfuerzos, como el de American First Legal, una agrupación encabezada por el ex asesor de Trump Stephen Miller.
“Pusimos en marcha un esfuerzo sin precedentes para velar por la integridad de las elecciones y asegurarnos de que los comicios de mitad de término de noviembre son libres, justos y transparentes”, declaró el mes pasado Ronna McDaniel, presidenta del CNR.
Los demócratas, por su parte, buscan facilitar el voto y ayudar a quienes se les niega la oportunidad de votar. Un equipo encabezado por el abogado Marc Elias y su firma trabajan en unos 40 procesos en 19 estados, varios de ellos iniciados por los republicanos.
Elias dijo que se prepara para una lluvia de cuestionamientos de los resultados de las elecciones. Algunos candidatos republicanos ya han dicho que no aceptarán los resultados si pierden o sembraron dudas en torno al proceso electoral a pesar de que no hay evidencia alguna de fraude.
“El problema con el Partido Republicanos es que admitir la derrota en una elección es lo único que los puede perjudicar”, manifestó Elias. “La estructura actual empuja a cuestionar los resultados de una elección claramente perdida y eso es muy dañino para la democracia”.
Casi siempre en las elecciones hay cuestionamientos legales. Pero se dan generalmente después de la votación.
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En el 2020, abogados trumpistas presentaron unas 60 demandas en las que pidieron a los jueces que desconociesen los resultados. Todas fueron rechazadas. La propia gente de Trump comprobó que las elecciones habían sido limpias y las autoridades no encontraron pruebas de un fraude grande.
Inicialmente el establishment republicano no repitió las mentiras de Trump sobre las elecciones. Pero con el correr del tiempo, el partido cambió y ahora propaga las falsedades.
Ginsberg dijo que las denuncias de fraude sin sustento son la herramienta a la que apelaron los republicanos para ganar contiendas discutidas en las primarias.
“Eso afecta la confianza del público en las elecciones, algo por lo que los republicanos terminarán pagando”, sostuvo.
Durante tres décadas el CNR estuvo impedido de cuestionar los resultados por un acuerdo que caducó en el 2019. Asumió ese compromiso luego de que el Comité Nacional Demócrata dijese en los tribunales que los republicanos colocaron guardias armados en algunos centros de votación para tratar de desalentar a los votantes de raza negra de que emitiesen su voto y enviaron cartas advirtiendo que cualquier irregularidad sería castigada.
En el 2020, denuncias de observadores republicanos que no desempeñaban papel oficial alguno, autorizados solo a ver la votación, sin intervenir, fueron la base de numerosas demandas. Pero cuando los jueces les pidieron pruebas, no tenían.
El personal que trabajará en los centros de votación ha sido hostigado y ha recibido amenazas. La intimidación de votantes está en alza y aumenta la preocupación de que observadores agresivos, o gente que se hace pasar por observadora, trate de intimidar a los votantes.
Antes de las elecciones del 2020, las autoridades advirtieron contra posibles interferencias extranjeras, de Rusia y tal vez China. Pero las autoridades electorales y los propios organismos del gobierno de Trump dijeron que habían sido las elecciones más seguras de la historia. Fueron Trump y sus partidarios los que lanzaron teorías conspirativas.
