SAN SALVADOR (AP) — En un esfuerzo conjunto entre los Ministerios Públicos de El Salvador y Guatemala, la policía salvadoreña capturó el martes a 11 personas que integraban una estructura de tráfico de personas que cobraba hasta 15.000 dólares a las víctimas para llevarlas ilegalmente a Estados Unidos.
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La Unidad Especializada de Trata y Trafico Ilegal de Personas de la Fiscalía informó en un reporte de prensa que los traficantes, conocidos como “coyotes”, sacaban a sus víctimas por diferentes puntos ciegos de la frontera y les cobraban entre 10.000 y 15.000 dólares para llevarlos ilegalmente a Estados Unidos. El pago era mayor si se trataba de un menor de edad viajando solo.
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Fiscales y policías realizaron 16 allanamientos en distintas zonas del departamento de Ahuachapán, fronterizo con Guatemala, donde incautaron vehículos, motocicletas, dinero en efectivo, celulares y drogas, se informó.
Simultáneamente se realizaron allanamientos en el municipio de Ilobasco, en el departamento central de Cabañas, al igual que en varios municipios de los departamentos de San Miguel y la Unión -en el oriente del país- y en la capital salvadoreña.
La investigación, que contó con la participación del Ministerio Publico de Guatemala, inició en 2021 y permitió detectar a 42 víctimas de varios coyotes. Según el informe, algunos migrantes lograron completar el viaje.
Los capturados serán procesados en los tribunales de justicia por los delitos de tráfico ilegal y trata de personas. Según el Código Penal, de ser encontrados culpables podrían ser sancionados con una pena de entre cuatro y ocho años de cárcel. Igual sanción recibirían por el delito de trata de personas.
De acuerdo con estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en los primeros ocho meses del año 68.691 salvadoreños fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, una cifra 22% menor a la registrada en 2021.
Se estima que más de 2,5 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos y de éstos más 150.000 residen y trabajan en ese país gracias a un estatus migratorio de protección temporal conocido como TPS, cuya última prórroga vencerá en diciembre de este año.