CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas informaron el martes la detención de dos presuntos responsables del homicidio de una madre que buscaba a su hija desde el año pasado y que se convirtió en la cuarta de estas activistas asesinadas desde 2021.
Un juez ordenó vincular a proceso a dos hombres identificados como Cristopher N., alias “El Cris”, e Ismael N., alias “El Pá” o “El Óreo”, como probables responsables del feminicidio de Esmeralda Gallardo ocurrido hace tres semanas, indicó la Fiscalía General del estado de Puebla.
Gallardo murió la madrugada del 4 de octubre tras recibir ocho impactos de bala cuando caminaba por una vía de la barriada popular de Villa Frontera en Puebla, al este de la Ciudad de México.
La Fiscalía General de Puebla dijo en un comunicado que tras el análisis de las grabaciones de 82 cámaras de video vigilancia privadas y de una veintena de entrevistas e inspecciones se logró determinar que la activista fue interceptada en medio de la vía por los dos detenidos, que se trasladaban en una motocicleta, y uno de ellos accionó su arma en varias oportunidades contra la mujer.
Los dos implicados, que habían sido detenidos el 7 y 14 de octubre por el presunto delito de narcomenudeo, fueron imputados por el homicidio de Gallardo durante una audiencia judicial en la que se les dictó la prisión preventiva, precisó la Fiscalía.
La hija de Gallardo, Betzabé Alvarado Gallardo, había desaparecido en Villa Frontera en enero de 2021.
En agosto otra activista de búsqueda, Rosario Rodríguez Barraza, murió en el estado norteño de Sinaloa.
En 2021 la buscadora Aranza Ramos apareció muerta un día después de que su grupo encontró una fosa de cadáveres en el estado norteño de Sonora y a principios de ese año el voluntario Javier Barajas Piña fue tiroteado en Guanajuato, el estado más violento del país. Los asesinatos de Rodríguez Barraza, Ramos y Barajas Piña aún no han sido esclarecidos.
La mayoría de los equipos de búsqueda voluntarios están formados por las madres de los más de 100.000 desaparecidos en México.
Ante la inacción o la incompetencia de las autoridades, muchas se ven obligadas a realizar sus propias investigaciones o a unirse a equipos de búsqueda que, en base a pistas, recorren barrancos y campos hundiendo barras de hierro en el piso para detectar el olor revelador de los cadáveres en descomposición.
Los buscadores, y los agentes de policía que los acompañan en algunas ocasiones, suelen centrarse en hallar fosas y en identificar los restos. A veces los grupos reciben pistas anónimas sobre el lugar dónde están enterrados los cuerpos, una información a la que probablemente sólo tienen acceso los asesinos o sus cómplices.
Pero las voluntarias cuentan a menudo que reciben amenazas y están vigiladas, probablemente por la misma gente que asesinó a sus hijos, hermanos y maridos.