LIMA (AP) — La justicia peruana ordenó el lunes liberar a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, encarcelada desde hace casi dos meses, mientras es investigada por su presunta participación en un clan criminal para lavar activos, a la que también pertenecerían el mandatario y la primera dama.
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La sala de apelaciones añadió en su decisión publicada en su sitio de internet, que Paredes tendrá restricciones, incluidas no ausentarse de su domicilio, ir cada mes a un juzgado a registrar su huella digital y asistir a los próximos llamados de los fiscales o jueces.
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Los jueces también ordenaron a Paredes que indique cuál será su residencia.
A fines de agosto la justicia ordenó encarcelar por dos años y medio a la cuñada de Castillo, de 26 años y criada desde pequeña como hija por la pareja presidencial tras la muerte de su madre.
Paredes fue detenida el 10 de agosto tras entregarse a la justicia, un día después de que la policía fracasó en su intento de detenerla en el palacio presidencial donde la buscó incluso debajo de la cama del mandatario, según un acta de allanamiento a la que The Associated Pres tuvo acceso.
El mandatario no se ha pronunciado al momento, tampoco la primera dama.
La fiscalía acusa a Castillo, a varios familiares, a dos exministros, y hasta a un alcalde del pueblo donde vivía el mandatario en una zona rural de los Andes, de integrar un presunto grupo criminal para lavar activos y cometer delitos de corrupción.
Según la fiscalía, la coordinadora de la presunta red criminal sería la primera dama, Lilia Paredes, y los testaferros tres cuñados de Castillo, incluyendo a Yenifer Paredes.
La tesis fiscal afirma que Castillo y su presunta organización buscan aprovecharse de los cargos claves que ocupan para obtener beneficios económicos y obstruyen las investigaciones.
La fiscalía presume que Yenifer Paredes ayudó al dueño de una empresa de allegados al mandatario a obtener contratos de obras públicas a pesar de no tener la capacidad económica ni la experiencia para garantizar la ejecución de las obras.
Castillo suma seis investigaciones fiscales preliminares, la mayoría por el delito de organización criminal y corrupción, pero él niega todas las acusaciones.
El mandatario no puede ser acusado ante un juez porque la constitución peruana dice que eso sólo ocurre en caso de traición a la patria, disolución del parlamento por casos diferentes a los permitidos o no convocar elecciones. Si se acumulan argumentos, la fiscalía debe esperar hasta que Castillo culmine su gestión para que el Congreso permita que sea juzgado.
Castillo está enfrentado a la fiscal general Patricia Benavides, quien dirige las investigaciones en su contra. Ambos se han denunciado mutuamente ante el Parlamento. La Organización de Estados Americanos, a solicitud de Castillo, visitará Perú para conocer de cerca la situación política del país.
Su relación con el Parlamento también es tensa. El Congreso de 130 sillas ha buscado destituirlo en dos ocasiones, pero no lo ha logrado porque no alcanzó los 87 votos necesarios.
El gobierno de Castillo está previsto que termine el 28 de julio de 2026.
