BUENOS AIRES (AP) — Los líderes de una agrupación argentina que arremete contra la clase política en las redes sociales y en manifestaciones callejeras fueron detenidos el jueves en el marco de una causa judicial que los investiga por presunta incitación a la violencia y en la que es querellante la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, víctima de un fallido atentado en septiembre.
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Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, de la agrupación Revolución Federal, fueron arrestados durante los allanamientos realizados en cercanías de Buenos Aires por la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras la orden impartida por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, dijo a The Associated Press un funcionario conocedor de la causa que no reveló su identidad por ser una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario.
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La también exmandataria (2007-2015) fue aceptada el martes como querellante en esta causa judicial, que tiene un punto de contacto con la del intento de atentado que sufrió el 1 de septiembre, ya que Brenda Uliarte -una de las cuatro personas detenidas por el ataque por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti- participó en agosto en una marcha contra el Kirchnerismo organizada por Revolución Federal.
El grupo, que no se autodefine como político y se siente afín al liberalismo económico que propugna la derecha más conservadora, convocó a la llamada Marcha de Antorchas frente a la Casa Rosada y bajo la consigna “cárcel o bala” al gobierno del presidente peronista Alberto Fernández y al sector que lidera Fernández de Kirchner, los participantes arrojaron teas encendidas sobre las vallas que rodean la sede gubernamental.
El juez que ordenó la detención de sus líderes considera que difundieron amenazas y mensajes violentos contra la vicepresidenta y otras figuras del espacio político de centroizquierda que lidera.
Una cuarta persona, identificada como Sabrina Basile, miembro del grupo e hija de Alfio “Coco” Basile -extécnico de Boca Juniors, entre otros equipos de fútbol argentinos, y de la selección nacional- es buscada por la policía, dijo el funcionario conocedor de la pesquisa.
Los abogados de la exmandataria sostienen que habría vínculos de Revolución Federal con quienes intentaron asesinarla y buscaron que las dos causas en curso se unifiquen en el juzgado de Capuchetti, pero la jueza indicó que esa agrupación no está siendo investigada por el ataque y finalmente una instancia judicial superior decidió que ambas pesquisas se tramiten por separado.
La agrupación liderada por Morel y Sosa, de 23 años, tiene fuerte presencia en redes sociales, donde dispara sus dardos contra la clase política y particularmente contra el Kirchnerismo, al que tilda de corrupto e incapaz.
En una entrevista con AP mantenida días atrás, Morel desvinculó a todos los integrantes del grupo del intento de atentado a la exmandataria y dijo no conocer a Uriarte, imputada como coautora del ataque.
“Nunca nosotros planificamos un atentado, nunca fue nuestra intención matar a nadie... Nosotros nos enteramos de que la detenida estuvo en la Marcha de las Antorchas a las horas de producirse el ataque, cuando dijeron (los medios de prensa) que esa chica estuvo en la protesta”, afirmó Morel.
El joven, quien es dueño de una carpintería en las afueras de la capital, dijo además que los políticos “roban, no piensan en la gente y se mantienen ajenos a lo que vivimos la mayoría de la sociedad”. Sostuvo asimismo que las manifestaciones verbales y callejeras de su grupo, empleando palabras y simbología violentas, son “la única manera que podamos hablar de los problemas que tenemos en Argentina y de hacernos escuchar".
En la causa instruida por Martínez de Giorgi se investigan, entre otros hechos, audios intercambiados entre Morel y otro joven durante una transmisión en vivo realizada en agosto a través de la plataforma Twitter Space, en los que hablan del deseo de infiltrarse entre los simpatizantes de la vicepresidenta que se reunían en aquel entonces en las cercanías de su vivienda en Buenos Aires, con el fin de hacerla “pasar a la historia”.
En una de esas congregaciones que se formó luego de que un fiscal pidió para la vicepresidenta una condena de 12 años de cárcel por presunta corrupción, el brasileño residente en Argentina Fernando Sabag Montiel apuntó y gatilló una pistola contra la exmandataria, pero la bala no salió. Fue detenido de inmediato y Uriarte -su novia y quien estaba en las cercanías del lugar- fue arrestada tres días más tarde.
En el marco de la investigación sobre la financiación de las actividades de Revolución Federal, el juez también ha puesto la lupa en los fideicomisos “Espacio Añelo”y “Santa Clara del Sur” que pertenecerían a la empresa “Caputo Hermanos”, de los hermanos de Luis Caputo, ex ministro de Finanzas del gobierno del presidente Mauricio Macri (2015-2019), uno de los opositores al Kirchnerismo.
